Reclama órganos de resolución de litigios que acepten quejas confidenciales de empresas individuales e investiguen
BRUSELAS, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha reclamado este martes a los Estados miembros que adopten medidas para proteger a los productores agrícolas y las pymes alimentarias de posibles prácticas abusivas por parte de las grandes cadenas de supermercados a la hora de fijar precios o modificar unilateralmente las condiciones de los contratos.
En particular, Bruselas recomienda a todos los países que las autoridades nacionales de resolución de litigios de este tipo acepten quejas confidenciales de empresas individuales y tengan capacidad de investigarlas. Sólo así se garantiza, según el Ejecutivo comunitario, que la parte más débil en este tipo de contratos denuncie sin temor a represalias.
En todo caso, el Ejecutivo comunitario se abstiene de legislar a nivel de la UE contra las prácticas desleales en la cadena de suministro alimentario y se limita a dirigir recomendaciones no vinculantes a los Estados miembros, que tampoco estarán obligados a actuar.
"Tiene que haber unas condiciones de competencia leales y equitativas entre las pymes minoristas y proveedoras de alimentos, por una parte, y los grandes fabricantes y cadenas de supermercados multinacionales, por otra", ha reclamado el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, en un comunicado.
"El sector ya ha realizado importantes y valiosos esfuerzos para hacer frente a los comportamientos desleales y debería seguir realizándolos. Los Estados miembros han de asegurarse de que tienen unas normativas eficaces y coherentes que se basen en las iniciativas de autorregulación y las complementen", ha resaltado Barnier.
Entre las prácticas desleales de las grandes superficies que Bruselas quiere erradicar se encuentran rechazar poner por escrito cláusulas comerciales esenciales, introducir cambios unilaterales retroactivos del coste o el precio de los productos o servicios, transferir riesgos injustificados o desproporcionados a una parte, alterar deliberadamente el calendario de entrega o recepción para obtener un beneficio injustificado o concluir unilateralmente una relación comercial sin previo aviso o un plazo excesivamente corto.
Además de exigir a los Estados miembros que actúen, el Ejecutivo comunitario anima a los agentes económicos que se sumen a los códigos de conducta voluntarios que ya existen, como la Iniciativa de la Cadena de Suministro que se creó a nivel de la UE en septiembre de 2013 o las diferentes plataformas nacionales.
La cadena de suministro alimentario da empleo a más de 47 millones de personas en la UE y representa alrededor del 7% del valor añadido bruto. El tamaño total del mercado de comercio minorista de productos relacionados con la alimentación en la UE se estima en 1,05 billones de euros, según los datos de Bruselas.
