BRUSELAS, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha reconocido este viernes que la Guardia Europea de Fronteras y Costas (antigua Frontex) podría, en base a su propuesta, intervenir en territorio de un país miembro sin el requerimiento previo de las autoridades nacionales, aunque solo "como último recurso" si el interés general de la Unión Europea "está en juego".
Así, el refuerzo de la antigua Frontex propuesto por Bruselas prevé la posibilidad de intervención de la agencia en un Estado miembro que tenga dificultades en la gestión de una frontera exterior, aunque las autoridades del país no lo soliciten. "Por supuesto solo sería una medida de último recurso, cuando el interés de la UE en su conjunto esté en juego", ha dicho en rueda de prensa la portavoz comunitaria, Natasha Bertaud.
"Si existe una situación en una frontera exterior que requiere una acción urgente y el Estado miembro concernido se niega a cooperar con la agencia y no permite que los equipos de intervención sean desplegados en su territorio, la Comisión tendría dos posibilidades: iniciar una infracción o activar el articulo 29 del código Schengen, que ya existe hoy en día", ha explicado Bertaud.
En todo caso, la intervención de la agencia sin el permiso nacional sería el último de los recursos, ha explicado la portavoz de la Comisión, y solo se produciría si el país en cuestión hace caso omiso de las recomendaciones y "no toma ninguna medida para resolver el problema", como por ejemplo una futura crisis migratoria.
La activación del artículo 29 del código Schengen --un acuerdo que entró en vigor en 1995 por el cual se suprimían los controles en las fronteras interiores de la UE-- no supone, según Bruselas, la expulsión del país concernido de este espacio, sino que permite que en casos de "deficiencia seria en una frontera exterior" otros Estados miembros tengan la posibilidad de introducir controles interiores.
PODERES EJECUTIVOS PARA LA AGENCIA
La iniciativa de Bruselas propone dotar de "poderes ejecutivos" a la agencia para que los agentes --se pretende llegar a los 10.000 en 2020-- puedan realizar controles de identidad, autorizar o denegar la entrada en las fronteras exteriores, e interceptar personas.
Si bien la agencia no será totalmente autónoma ya que las nuevas competencias se pondrán en práctica bajo la autoridad y el control del Estado miembro en el que los agentes estén desplegados, la Comisión ha insistido en su voluntad de que el organismo cuente con su propio personal y sus propios equipos, como buques, aviones y vehículos, mientras que el coste en el marco del próximo presupuesto comunitario será de 11.300 millones de euros.
Para que la propuesta salga adelante, deberá contar con el apoyo de la Eurocámara y el Consejo (los Estados miembros). Algunos países, entre ellos España, se han mostrado reticentes a que la agencia pueda intervenir sin el consentimiento o el requerimiento previo de las autoridades nacionales competentes en cada caso, al considerar que esta medida resta soberanía a los gobiernos.
