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Colombia

Varios grupos piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la extradición de paramilitares a EEUU

Publicado 24/03/2009 3:38:32CET

BOGOTÁ, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Grupos defensores de Derechos Humanos de Colombia pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tome medidas decididas y urgentes para frenar la extradición de paramilitares a Estados Unidos, que consideran una "afrenta" al derecho a la justicia de las víctimas.

   Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), denunció que el hecho de que desde 2008 se haya extraditado a 18 paramilitares de Colombia a Estados Unidos cuando tenían causas pendientes en ese país resulta "inexplicable", y afirmó que desde las extradiciones del año pasado "solamente se han puesto en marcha pocas diligencias bajo la Ley de Justicia y Paz".

   Gallón destacó que, pese a que ambos Gobiernos se habían comprometido a colaborar en esta materia, no hay un mecanismo efectivo para permitir la participación de los extraditados en las versiones libres. Además, los problemas técnicos y administrativos dificultan todavía en mayor medida que se celebren audiencias desde Estados Unidos.

   "Esta situación demuestra que las víctimas están condicionadas a los trámites de la Justicia estadounidense", señaló Gallón en declaraciones a Caracol Radio recogidas por Europa Press.

   El CCJ junto con la Corporación para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos REINICIAR, y el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) también denunciaron la falta de garantías de que los paramilitares extraditados vuelvan a Colombia después de ser juzgados en Estados Unidos y rindan cuentas ante la Justicia de su país.

   Por ello consideraron que la situación es "muy grave" y que con esta forma de actuar Estados Unidos está menospreciando y negando la justicia a las víctimas colombianas "ante los ojos de todo el mundo". Así las cosas, Gallón pidió a la CIDH que "tome medidas muy decididas para frenar esta afrenta inmensa al derecho a la justicia y al derecho de las víctimas".

IMPACTO DE LAS EXTRADICIONES

   Por su parte, el miembro de REINICIAR, Luz Estella Aponte, solicitó a la CIDH que reclame de manera urgente un informe sobre el impacto de las extradiciones en el derecho a las víctimas a la justicia.

   Aponte solicitó que intervenga para que el Gobierno colombiano suspenda de "inmediato" las extradiciones hasta que haya culminado en su totalidad el proceso que se cursa en Colombia y que mantenga la jurisdicción hasta que las víctimas hayan sido recompensadas.

   Asimismo, María Victoria Fallon, de GIDH, denunció en otro momento de la audiencia que el Gobierno colombiano ejerce un control sobre el poder judicial que está atentando contra los principios básicos de autonomía e independencia de ese estamento.

   Todos los allí presentes coincidieron en la necesidad de que la CIDH efectúe una visite Colombia y reclame al Gobierno de Álvaro Uribe que "cese de manera inmediata los ataques contra la Corte Suprema y las injurias". Además, solicitaron que se investigue la persecución contra defensores, opositores, periodistas y algunos congresistas, y que cese las interceptaciones ilegales y sustituya a los responsables.

   No obstante, los portavoces gubernamentales Camilo Ospina, embajador de Colombia ante la OEA, y la viceministra del Interior Viviana Manrique, subrayaron el respeto del Gobierno al sistema judicial y defendieron que la validez de las instituciones judiciales es "clara, reconocida y acatada".

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