Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 02/09/2010 19:44
La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding, presentará la próxima semana un informe "definitivo" sobre la legalidad de las polémicas expulsiones de rumanos y búlgaros de etnia gitana en Francia, según confirmó hoy la directora general del departamento de Justicia de la CE, Françoise Le Bail.
Tras un estudio preliminar, la Comisión continúa el "análisis jurídico" de la situación, para "aclarar" si las medidas de París "están en conformidad" con las leyes europeas y con la Carta de Derechos Fundamentales que, como recordó Le Bail ante la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara esta tarde, es "vinculante" desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
Este viernes tendrá lugar una reunión "a nivel técnico" en Bruselas con las autoridades francesas y el próximo lunes está previsto que Jose Manuel Durao Barroso viaje a París para encontrarse con el presidente francés, Nicolas Sarkozy.
La vicepresidenta Reding ya recibió esta semana al ministro de Inmigración francés, Eric Besson, del que recibió explicaciones "útiles" que "van por el buen camino", pero la Comisión necesita "precisiones adicionales" para establecer conclusiones, según Le Bail.
El próximo martes el pleno del Parlamento Europeo dedicará un debate a la controvertida política francesa de expulsiones de gitanos y a la situación de esta comunidad en la UE en general, en el que participará Reding.
Lo "deseable" para su departamento es que pueda aprovechar esa cita para dar a conocer las conclusiones del informe definitivo, aunque no está claro si podrá cumplir ese calendario, matizó su portavoz, Matthew Newman.
La directora general del departamento comunitario de Justicia insistió en que hasta escuchar la información adicional requerida a Francia no habrá un pronunciamiento, y apuntó también al debate de la Eurocámara como la "ocasión" para hacerlo público.
Le Bail insistió en que aunque los Estados miembros son los responsables de velar por el orden público y la seguridad de sus ciudadanos, deben hacerlo "respetando" las leyes europeas y la Carta de Derechos Fundamentales.
La Comisión estará especialmente atenta a si se vulneró el principio de no discriminación que contempla la Carta en las expulsiones, ya que se han producido cerca de un millar en este mes.
Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria, Le Bail pudo escuchar a cerca de 20 eurodiputados que pidieron la palabra, de los que sólo dos defendieron la política francesa.
El resto mostró sus dudas sobre si las autoridades galas han dado un tratamiento individual a cada caso de expulsión, tal y como exige la ley europea, y exigió al Ejecutivo comunitario contundencia si ve probado que se han vulnerado los derechos de los ciudadanos afectados.