MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El M23, un grupo armado rebelde que opera en el este de la República Democrática del Congo (RDC) al mando del presunto criminal de guerra Bosco Ntaganda, dirige una red de contrabando de minerales congoleños con destino a Ruanda y Burundi, según ha denunciado la organización no gubernamental estadounidense Enough Project, especializada en temas de genocidio y crímenes contra la Humanidad.
La ONG se basa en los detalles de un informe confidencial del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que se asegura que el contrabando hacia los dos países vecinos está en auge a pesar de los esfuerzos del Gobierno de Kinshasa para reglamentar el comercio. Ese mismo informe, según se hizo público a mediados de este mes, acusa a Ruanda y Uganda de estar apoyando directamente al M23.
Estas informaciones confirman que "el verdadero motivo de la guerra que lleva a cabo el M23 en el este es el control de los minerales con vistas a su exportación fraudulenta a través de Ruanda y Burundi", ha asegurado la ONG en un comunicado difundido por Internet.
Los beneficios de este contrabando, según Enough Project, se utilizan para financiar al M23, un grupo armado que se alzó en armas el pasado mes de abril y que ha provocado, como consecuencia de ello, entre medio millón y un millón de desplazados internos, según las diversas fuentes.
En su comunicado, Enough Project pone como ejemplo un caso judicial ocurrido en Goma (capital de la provincia de Kivu Norte, en el este de la RDC) a principios de este mes de octubre que, a juicio de la ONG, ilustra de forma "convincente" la forma en que se llevan a cabo estas operaciones de contrabando.
Este caso se refiere, concretamente, a un cargamento de dos toneladas de coltán --un mineral estretégico para el sector de las telecomunicaciones-- interceptado por las autoridades congoleñas en la frontera con Ruanda. En esta operación, según la información disponible, está implicado un oficial de las Fuerzas Armadas próximo al Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), un antiguo grupo armado mayoritariamente tutsi y con fuertes conexiones en Ruanda del que proceden los integrantes del M23.
La ONG ha destacado también que los testimonios recogidos en el proceso --entre ellos, un miembro de una cooperativa de mineros de Masisi, en Kivu Norte-- han ayudado a apreciar no solo el alcance del comercio ilegal de minerales en el este de la RDC, sino también la batalla existente en el seno del Ejército congoleño por hacerse con sus principales puestos.
Al igual que otras ONG, Enough Project ha pedido a los que se benefician de este comercio de minerales que se impliquen de forma eficaz para poner fin al contrabando, por considerarlo "el nervio de la guerra que, desde hace una decena de años, socava esta parte de la RDC".
LA IMPLICACIÓN DE RUANDA
A mediados de octubre, la agencia de noticias Reuters consiguió una copia del informe confidencial del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU en el que se acusaba a los Gobiernos de Ruanda y Uganda de apoyar al M23, un grupo armado que, según el documento, ha ampliado su radio de acción, ha incrementado el reclutamiento de niños y ha ejecutado de forma sumaria a reclutas y prisioneros.
Concretamente, el informe aseguraba que el ministro de Defensa de Ruanda, el general James Kabarebe, ha comandado "directamente" a este grupo armado a través del jefe de su Estado Mayor de la Defensa, el general Charles Kayonga.
Asimismo, el estudio del Grupo de Expertos acusaba a Kigali de haber violado el embargo armamentístico con su apoyo militar directo al M23 e incluso de haber facilitado la deserción de miembros del Ejército congoleño para su integración en la milicia de Ntaganda, un antiguo líder rebelde contra el que existen sendas órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) y del propio Gobierno de Kinshasa por crímenes de guerra en el este de Congo.
El Gobierno de la RDC ha acusado reiteradamente a Ruanda de interferir en los asuntos del país. Ruanda invadió hasta en dos ocasiones el territorio congoleño a finales de los años noventa, supuestamente para perseguir a los hutus responsables del genocidio de 1994 pero realmente, según diversas organizaciones internacionales, para hacerse con los riquísimos recursos minerales de su país vecino.
