HRW pide que Clinton presione al nuevo Gobierno de Rabat para que defienda la libertad de expresión

Actualizado 24/02/2012 12:45:13 CET

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch pidió este viernes a la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, que inste al nuevo jefe de Gobierno de Marruecos, el islamista Abdelilá Benkirane, a que reforme las leyes del país para defender la libertad de expresión en el país norteafricano.

En un intento por evitar manifestaciones masivas en el país, las autoridades marroquíes redactaron una nueva constitución que fue aprobada en julio y celebraron elecciones parlamentarias en noviembre, que permitieron que por primera vez, los islamistas dirigieran el Ejecutivo en Marruecos.

La ONG estadounidense pidió a las autoridades estadounidenses que presionen a las autoridades marroquíes para que liberen al periodista Rachid Nini, que actualmente cumple un año de cárcel por varias noticias que escribió.

El pasado 1 de julio, los marroquíes aprobaron una nueva Constitución en la que se incluía el respeto a varios Derechos Humanos, como la libertad de expresión y de prensa. A finales de ese mes, Clinton definió el plebiscito como un "paso importante hacia las reformas democráticas".

Sin embargo, "las autoridades marroquíes siguen reprimiendo cualquier comentario crítico gracias a una restrictiva ley de prensa y un código penal que es incompatible con el espíritu de la nueva Constitución", según señaló la ONG en un comunicado.

La directora de HRW para Oriente Próximo y el norte de África, Sarah Leah Whitson, señaló que "la secretaria Clinton debe instar a las autoridades a revisar las leyes y las prácticas en el país para que estén en armonía con la Constitución".

El artículo 41 del Código de Prensa contempla con hasta cinco años de prisión cualquier declaración que "socave la religión islámica, el régimen monárquico o la integridad territorial" de Marruecos. Además, contempla la misma pena si se producen ofensas contra el rey o cualquier familiar.

El código penal incluye penas de cárcel para "profundas ofensas" contra las autoridades, "insultos" contra el poder judicial o hacer públicos los fallos para influir en los tribunales.

HRW criticó que estas normas violan el artículo 25 de la Constitución que asegura que "la libertad de pensamiento, opinión y expresión en todas sus formas está garantizada" y el artículo 28 que indica que "la libertad de prensa está garantizada y no puede ser restringida ante cualquier forma de censura previa".

"La Constitución defiende claramente los Derechos Humanos", opinó Whitson. "Lo que se necesita ahora es que la política apele a sus principios para acabar con el represivo sistema legal que las autoridades utilizan para reprimir las expresiones críticas", añadió.

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