La presión de EEUU ha provocado una estrategia de persecución, violencia y miedo contra los migrantes en México
MADRID, 18 Dic. (Por Cristina Manzanedo, responsable de Migraciones de Entreculturas) -
De lo que ocurre en el mundo en tema de migraciones, una parte importante tiene lugar en México. El corredor migratorio centroamericano, junto al triángulo Europa, Norte de África y Oriente Próximo, son las dos mayores zonas de tránsito de migraciones internacionales y fronteras donde está documentado el precario respeto a los derechos fundamentales.
La constante violencia y las vulneraciones de Derechos Humanos que sufren las personas migrantes centroamericanas en tránsito por México es motivo de preocupación tanto para la sociedad civil como para las instituciones internacionales.
La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), coordinada por el Servicio Jesuita a Migrantes, publicaba hace unos meses el Informe 2016 "Migrantes en México: recorriendo un camino de violencia". El informe se basa en la experiencia de acompañamiento de 23 casas, albergues y comedores distribuidos a lo largo y ancho del país y presenta y analiza datos duros con el objetivo de dar a conocer la situación diaria que enfrentan las personas migrantes y refugiadas que transitan por México.
2016 fue un año de contrastes y nuevas realidades. A la compleja situación de los migrantes en tránsito se ha sumado la de las personas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado. Los albergues de las organizaciones miembro de la REDODEM atendieron en 2016 a 34.234 personas, lo cual es el mayor registro de migrantes en tránsito realizado en el país por parte de la sociedad civil.
El 54 por ciento son personas muy jóvenes (18-30 años) y hay una tendencia al alza en el porcentaje de menores. El 89 por ciento son hombres y el 11 por ciento mujeres. Las cuatro principales poblaciones que pasaron por los albergues son, por orden de importancia, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos. Ello indica que los albergues son también sitios seguros para los mexicanos, que sufren igualmente la alta peligrosidad del tránsito, tanto por la delincuencia organizada y los cárteles de la droga, como por la corrupción de las autoridades mexicanas.
Los factores de expulsión son fundamentalmente de carácter económico y social, relacionado este último con la expansión y desbordamiento de la violencia en Centroamérica. Aunque los principales destinos de migración son Estados Unidos (65 por ciento) y México (14 por ciento), un gran porcentaje de personas migrantes refirieron no tener definido el país de destino, sino que lo importante era salir de sus comunidades locales por la pobreza y por la violencia.
La categoría escolar más alta de las personas que pasan por los albergues corresponde a una nula formación escolar, seguido de personas con algo de formación básica, y después, quienes tienen formación básica completa. La principales actividades económicas a las que se dedicaban son agricultura, campo y pesca (27 por ciento) y actividades secundarias (21 por ciento).
POLÍTICA MIGRATORIA VIOLENTA
A partir de los testimonios de los migrantes, así como de las experiencias y consecuencias que sufren las y los defensores que les acompañan y defienden, la Red denuncia una política migratoria cada vez más violenta contra las personas migrantes y refugiadas, que atenta de manera sistemática contra los Derechos Humanos.
Dicha política opera bajo una perspectiva centrada en la seguridad nacional y la criminalización de las personas migrantes. Sus frutos son la persecución, detención y encarcelamiento de migrantes como norma, las deportaciones exprés sin importar el riesgo latente de ser deportados y los delitos de los que son víctimas los migrantes, principalmente robos, extorsión, lesiones y secuestros cada vez con más violencia.
Los delitos son cometidos por policías, pandillas, cárteles del crimen organizado, redes de tráfico y las guardias privadas de las ferroviarias. Otro aspecto es el espionaje, persecución y amenazas de las autoridades a defensoras y defensores por su trabajo de acompañar y proteger a los migrantes.
PRESIONES DE EEUU
La política migratoria mexicana no puede entenderse sin la presión y relación de dependencia que existe con Estados Unidos, desde donde se ha impuesto una visión de control y seguridad que se ha extendido a las fronteras norte y sur mexicanas. Ello ha generado una militarización de todo el territorio, impulsando una estrategia de persecución, violencia y miedo como mecanismo disuasivos y perversos contra los migrantes y sus familias.
Los migrantes y refugiados tienen que recorrer en México un camino de violencia junto a los connacionales del país. Más de 150.000 víctimas mortales en nueve años, 280.000 personas desplazadas internamente por violencia en México, 28.000 desaparecidos, colocan a México entre los 10 países más letales del mundo.
Estos datos dan cuenta de una gran crisis en México, un país convulsionado social y políticamente, en el que el Estado, con una clase política sumida en la impunidad y centrada en sus intereses partidistas, se ha ido apartando de las grandes causas sociales de su pueblo para centrarse en un modelo de crecimiento económico que genera gran concentración de la riqueza pero enormes desigualdades en el país.
La gran crisis de Derechos Humanos de las personas migrantes se inserta en la gran crisis por la defensa de los derechos de la población mexicana. No son dos crisis, es una misma crisis, la que atenta contra la vida digna de cualquier persona humana.
