NUEVA YORK, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha señalado que el veto de Estados Unidos a la resolución de condena a los asentamientos judíos en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, mina la aplicación del derecho internacional. HRW ha señalado que las Convenciones de Ginebra, de las que Israel es parte firmante, prohíben el traslado de civiles nacionales a un territorio que está bajo ocupación.
"El presidente (estadounidense, Barack) Obama quiere decir al mundo árabe en sus discursos que se opone a los asentamientos, pero no permite al Consejo de Seguridad que le diga a Israel que los detenga, en cumplimiento de la ley", ha señalado la directora de la sección de Oriente Medio de HRW, Sarah Leah Whitson.
La cuarta Convención de Ginebra, celebrada en 1949, prohíbe explícitamente a un poder ocupante que transfiera a su población civil al territorio ocupado. Ignorando esta prohibición, cerca de medio millón de judíos israelíes, con apoyo del Gobierno israelí, se han trasladado a asentamientos construidos en los territorios palestinos ocupados. Asimismo, Israel ha anexionado formalmente el territorio ocupado en Jerusalén Este, un gesto no reconocido por ningún otro país del mundo.
"La Corte Internacional de Justicia señaló en 2004 que es ampliamente aceptado que las Convenciones de Ginebra no sólo prohíben transferencias de población a territorios ocupados, sino también cualquier medida tomada por un poder ocupante para organizar o alentar los traslados de parte de su población al territorio ocupado", ha agregado HRW.
Asimismo, la ONG ha indicado que las políticas de asentamientos israelíes también violan los Derechos Humanos en cuanto a la prohibición de la discriminación. HRW documentó recientemente el sistema de 'doble rasero' que tiene Israel con la población israelí y palestina en la zona que controla en Cisjordania y en Jerusalén Este.
"Las políticas israelíes deliberadamente retienen los servicios básicos para los palestinos, causando tremendas dificultades mediante la prevención y castigo de la construcción de viviendas e infraestructura para sus comunidades, al tiempo que provee de generosos beneficios financieros y de infraestructura para los asentamientos judíos", ha señalado HRW. "Esa diferencia de trato carece de todo fundamento sobre seguridad nacional, sino que es impuesta sobre la base de raza, origen étnico y origen nacional", ha agregado.
La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el movimiento Al Fatá habían votado por unanimidad la presentación de la resolución pese a las presiones de Washington. Dirigentes palestinos temían que en el caso contrario generasen una crisis política y se desataran protestas en el seno de su pueblo.
Asimismo, la ONG ha señalado que, como parte de las Convenciones de Ginebra, Estados Unidos está obligado a "respetar y asegurar el respeto a la Convención en todas las circunstancias".
"La oposición del gobierno de Estados Unidos al lenguaje preciso en la resolución del Consejo de Seguridad erosiona el mensaje internacional unificado de que Israel debe cambiar su política de asentamientos", ha valorado Whitson. "Lo que se necesita de la Administración Obama es un mensaje claro y coherente sobre que los asentamientos en territorio ocupado son ilegales y deben ser desmantelados", ha apostillado.
Por su parte, la embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, ha indicado que "no debería malinterpretarse como un apoyo a la actividad en los asentamientos", y ha reiterado que este tipo de enclaves carecen de legitimidad.
