Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 19/08/2008 13:18
La Asociación Pro Derechos Humanos de Perú expresó su profunda preocupación frente al establecimiento del estado de emergencia en las provincias de Bagua y Utcubamba (Amazonas), Datem del Marañón (Loreto) y en el distrito de Echarate, de la provincia de La Convención (Cusco), debido a las protestas de la población indígena.
APRODEH consideró que las protestas se deben a las graves amenazas sobre los territorios ancestrales de los pueblos indígenas ya que en los últimos años, el Estado peruano viene otorgando concesiones sobre dichos territorios a empresas petroleras y gasíferas, sin establecer ninguna consulta a los pueblos indígenas que habitan dichas áreas.
Como resultado de las concesiones del Estado a las empresas, los indígenas suelen ser víctimas de "serios daños ambientales" como ha ocurrido con los achuares del Río Corrientes, e incluso son asignadas las tierras habitadas por pueblos indígenas en aislamiento, quienes simplemente podrían desaparecer debido a las actividades extractivas.
Según el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la OIT ratificado por el Estado peruano, los indígenas tienen derecho a participar en la planificación de su desarrollo, pero se incumple permanentemente al punto que el actual Gobierno ha promulgado decenas de Decretos Legislativos que ponen en serio peligro las tierras indígenas.
"Nos preocupa especialmente que las últimas movilizaciones de los pueblos indígenas hayan sido enfrentadas con inusitada violencia por las fuerzas de seguridad, con detenciones arbitrarias, maltratos físicos y tortura demuestran que subsiste la percepción de los indígenas como seres inferiores", denunció.
Así, tras afirmar que ninguno de estos hechos ha sido sancionado, APRODEH subrayó que establecer la confianza de los pueblos amazónicos en el Estado peruano no se hace a través de "medidas represivas" sino con un "verdadero diálogo" donde sus legítimas demandas sean escuchadas por el Gobierno.
Por ello, la organización de defensa de los Derechos Humanos instó al Ejecutivo de Alan García en un comunicado de prensa a aceptar la posibilidad de derogar las normas que amenazan los territorios indígenas y a respetar su derecho a participar en la toma de decisiones que les afecten.
"En las manos de las autoridades peruanas está la posibilidad de avanzar por el reconocimiento de los derechos de los indígenas o actuar de manera violenta hacia quienes solamente luchan por su subsistencia. Perú tiene una deuda social con la población amazónica y debería satisfacerla, concluyó.