SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, ha reafirmado la intención del Gobierno de Canarias de reclamar la gestión de los ocho aeropuertos que existen en el archipiélago ante la confirmación de que el Estado "continúa adelante con la privatización de Aena".
En una comparecencia parlamentaria, Domingo Berriel dijo que el último paso de esta privatización ha sido la adjudicación de los servicios de asesoramiento financiero y de asistencia jurídica a la entidad pública en el proceso de entrada de capital privado, "tal y como lo anunciaba el ente público en su propia página web el viernes pasado".
El consejero explicó que el modelo de privatización parcial que está diseñando el Estado "apenas da a las comunidades la posibilidad de participar en la toma de decisiones de unas infraestructuras que en Canarias son determinantes para el desarrollo económico y social".
Ante este modelo, añadió Berriel, el Gobierno de Canarias "exigirá uno similar al que existe en las autoridades portuarias, en el que la sociedad de la Comunidad Autónoma tiene capacidad decisoria sobre la gestión de los puertos de interés general".
CANARIAS-PENÍNSULA
Respecto a la conectividad entre Canarias y la Península, el consejero destacó la diferencia de los datos que se manejan. "Mientras la Comunidad Autónoma ha constatado un aumento de precios y una reducción de frecuencias, el Ministerio de Fomento entiende que existe una moderación de los precios y normalidad en la conectividad aérea", dijo.
Por esta razón, el Ejecutivo canario ha planteado la necesidad de crear una Comisión Mixta para las condiciones de conectividad y un protocolo de intercambio de información, que tenga toda la información de Aena y Aviación Civil sobre el estado de las comunicaciones aéreas.
Según Berriel, esto permitiría hacer un seguimiento de las condiciones de conectividad y del cumplimiento de las condiciones mínimas admisibles de frecuencias, horarios, capacidad y precios".
Una vez fijadas estas condiciones mínimas, la propuesta canaria plantea el establecimiento de mecanismos automáticos que actúen de forma inmediata para corregir aquellas situaciones en las que la capacidad ofertada, las frecuencias y los horarios fuesen insuficientes, o bien los precios excesivos.
