LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 5 de Telde decidió hoy mantener la imputación por un presunto delito de tráfico de influencias y por negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos al ex concejal de Urbanismo y actual portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento grancanario, Ildefonso Jiménez, que prestó declaración dentro del denominado 'Caso La Mareta'.
Además de Jiménez también comparecieron como imputados el anterior responsable de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Cabrera, y el empresario de la sociedad Parque Comercial y de Ocio La Mareta, filial de Urbagest, Julián Gómez del Castillo, a quienes el juez les mantiene también las imputaciones por presunto tráfico de influencias y por negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, "a resultas de las diligencias de investigación actualmente en curso", según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado.
Las diligencias fueron instruidas a raíz de la denuncia interpuesta por el anterior grupo de gobierno del PP y AFV-Ciuca, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas cercanas a este caso, relacionado con la concesión a citada entidad de los derechos de superficie de las parcelas 1 y 2 de la zona de La Mareta.
El Consistorio presentó durante el anterior mandato local la denuncia en los juzgados de Telde y en la Fiscalía Anticorrupción contra Jiménez --actual edil de Patrimonio--, Cabrera y Julián Gómez debido a la aparición de documentos con anotaciones de Cabrera.
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL
Entre la documentación de la denuncia figura un fax remitido el 23 de agosto de 2002 desde las dependencias municipales a un teléfono de Madrid en el que presuntamente se facilitaba a Gómez del Castillo información que debía aportar en el pliego de condiciones para optar al concurso de adjudicación de un proyecto urbanístico en este área, que afectaba a las dos parcelas citadas, con un total de 136.000 metros cuadrados, según las mismas fuentes.
El proyecto consistía en la construcción de un centro comercial con boleras, salas de cines y locales de ocio, así como una residencia geriátrica, y fue adjudicado a dicha entidad en la legislatura local presidida entonces por Coalición Canaria tres días antes de celebrarse las elecciones locales del año 2003, aunque finalmente se anuló la concesión en noviembre ya que el representante de la empresa no cumplió con los plazos previstos para abonar las cantidades.
Según fuentes consultadas por Europa Press el edil del Consistorio de Telde Ildefonso Jiménez, el empresario Julián Gómez del Castillo, y el ex asesor municipal de Urbanismo, Juan Manuel Cabrera, se negaron a responder a las preguntas del abogado de la acusación.
