Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 15/01/2009 12:36
La asociación El Defensor del Paciente ha enviado sendas cartas al ministro de Sanidad, Bernat Soria; el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a los consejeros de Sanidad de las distintas comunidades autónomas para pedirles un "estricto control" sobre las clínicas privadas que realizan abortos, tras la muerte de una mujer en un centro de Madrid.
La presidenta de la asociación, Carmen Flores, solicita en su misiva que en este tipo de intervención "se garantice la buena asistencia por médicos expertos y clínicas preparadas para cualquier eventualidad y esto debe hacerse de forma exclusiva en la sanidad pública". A su juicio, "nunca debe ser una entidad privada donde se realicen estos tratamientos de interrupción cuando las mujeres sean beneficiarias de la sanidad pública".
Tras la muerte de una mujer sometida a una interrupción voluntaria del embarazo en la Clínica El Bosque, Flores precisa que "estas situaciones no son nuevas" y recuerda "la muerte en la misma clínica de un chica de 19 años en una operación de estética y en circunstancias casi idénticas, con traslado y fallecimiento posterior, caso que se encuentra en la actualidad en los tribunales".
La asociación pide que se establezca "el más estricto control de las clínicas privadas, no solamente para estos tratamientos sino también para cualquier acto quirúrgico que se pueda realizar, con inspecciones continuadas y por sorpresa y con sanciones millonarias o cierre a quienes incumplan los requisitos mínimos para una buena atención".