Carabanchel.- La adjudicación de las obras de la cárcel concluyó antes de que solicitaran paralizar el derribo

Actualizado: jueves, 23 octubre 2008 22:05

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aseguró esta noche a Europa Press que el proceso administrativo sobre la adjudicación de las obras de derribo de la cárcel madrileña de Carabanchel concluyó antes de que una asociación solicitara al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que lo paralizara cautelarmente con el objetivo de evitar el derribo.

En su auto del pasado día 16, el juez Garzón citaba un escrito remitido por la Asociación 'Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo' y nueve más, quienes le informaban del derribo en breve plazo de la antigua cárcel de Carabanchel y en el que le pedían la cautelar suspensión gubernativa del procedimiento administrativo que se sigue para la adjudicación de las obras de este derribo.

El juez respondía a esta petición solicitando información a la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior y con su resultado indicaba que acordaría la paralización en caso de resultar procedente. No obstante, dado que el proceso de adjudicación de las obras había expirado, el juez de la Audiencia Nacional no pude ordenar su paralización.

El juez recibió hoy mismo en su juzgado a varios representantes de las principales asociaciones contrarias a la demolición de la cúpula central del antiguo penal, quienes le han presentado un escrito solicitándole que paralice cautelarmente las obras de demolición iniciadas esta mañana en el edificio, alegando que incumplen la orden dictada a este respecto en su auto del pasado 16 en la que se declaraba competente para investigar el franquismo, informaron a Europa Press las asociaciones.

La razón que alegaron hoy en su escrito presentado ante Garzón las asociaciones contrarias al derribo de la cárcel de Carabanchel es que la Secretaría había iniciado las obras de derribo sin haber remitido al juez la información solicitada por lo que acusaron a este organismos de "un posible delito de prevaricación".