Los 600.000 euros de la infracción más grave castigarán la "voluntad sistemática" de engañar al cliente al firmar el contrato hipotecario
MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, ha asegurado este martes que espera que "para final de año" sea posible remitir el texto de la nueva Ley de Transparencia Hipotecaria a la Asamblea de Madrid una vez que hayan finalizado las consultas que hoy ha iniciado el Gobierno regional con especialistas del sector.
El consejero ha presidido el primero de estos encuentros, al que han acudido registradores, notarios, gestores administrativos, asociaciones de usuarios de la banca, consumidores, bancos, cajas de ahorro, etc. Según Manglano, las primeras opiniones recogidas han sido satisfactorias y las primeras sugerencias han ido en la dirección de aumentar la protección a los avalistas.
"En general, las opiniones han sido positivas. El proceso va a durar varias semanas y este mismo jueves va a tener lugar una reunión del Consejo de Consumo. Las aportaciones van a enriquecer el texto que finalmente se apruebe en la Asamblea de Madrid", ha explicado el consejero, que también ha apuntado que el texto deberá ser estudiado previamente por el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo.
El objetivo de esta ley pasa por que "en el momento de firmar la hipoteca, un madrileño medio sepa exactamente a qué se compromete y qué pasa si no puede pagar; es decir, en qué responsabilidad va a incurrir".
"Hay gente que pierde el bien hipotecado y además es responsable con sus bienes presentes y futuros y se pretende que el consumidor, en el momento de firmar, tenga la información necesaria", ha añadido el consejero, que ha vuelto a insistir en que es hasta ahí a donde puede llegar la Comunidad en el ejercicio de sus competencias.
Tal y como adelantó el pasado jueves la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, tras el Consejo de Gobierno en el que se estudió el borrador del anteproyecto de Ley, las sanciones que contempla el texto oscilan entre los 15.000 y los 600.000 euros.
Manglano ha especificado este martes que la multa más alta castigará la "voluntad sistemática de engañar a los consumidores", si bien ha manifestado que estos son "casos extremos que no son habituales". Las sanciones más leves harán referencia a "errores en la redacción del contrato que no necesariamente manifiesten la voluntad de engañar" al cliente.
