Cree que conculca el derecho a la libertad privada porque un piso en suelo protegido no podrá venderse ni heredarse a quien quiera
MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid estudia recurrir al Tribunal Constitucional (TC) el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, en caso de que se apruebe tal y como está contemplado en el proyecto de Real Decreto, porque considera que conculca el derecho a la propiedad privada "modificando gravemente el concepto de propiedad" de la vivienda protegida.
Así lo anunció hoy la consejera de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno regional, Ana Isabel Mariño, durante un encuentro con los medios de comunicación, a los que anunció que el Ejecutivo autonómico ha presentado 15 alegaciones al proyecto de la ministra del ramo, Beatriz Corredor, al igual que han hecho otras comunidades como La Rioja.
Mariño aseguró que el proyecto de Real Decreto "sociabiliza" la vivienda protegida a través de una serie de artículos. Así, indicó que el Gobierno central divide las viviendas protegidas en dos tipologías. La primeras son las construidas en suelo privado, que se podrán descalificar a los 30 años de comprarlas, mientras que las segundas, las construidas en suelos protegidos, dotacionales y públicos, "serán protegidas a perpetuidad".
"El nuevo sistema desmantela los principios básicos del derecho de la propiedad, que puede limitarse, como hasta ahora, pero que hacerlo de forma permanente, como ahora pretende aprobarse, es muy peligroso. De tal manera que aquél que ahorre y pida una hipoteca para comprar una vivienda protegida no va a poder ser el propietario de pleno derecho de la misma. Y si hace reformas no va a poder recuperar esa plusvalía porque sólo la podrá vender al precio tasado que la imponga el Estado", apostilló la consejera.
Asimismo, señaló que el benefactor de viviendas protegidas construidas en suelo protegido o público sólo la podrá vender a un lista de personas apuntadas en un registro nacional, "lo que es gravísimo porque rompe la libertad que uno tiene para poder vender una cosa a quien quieras, como quieras y al precio que quieras, a la vez que impide la contratación de hipotecas inversas".
"El Plan va más allá y rompe con el derecho con sucesiones. Si yo tengo una casa, con mi hipoteca y demás, sólo la tendré en uso, un derecho socializante pero no de propiedad. De este modo, si yo tengo un hijo y si no cumple con los requisitos de posibles adquirientes, no le podré dar en herencia esa casa", agregó la titula r regional de Vivienda.
Por otro lado, criticó que el decreto limita a los compradores, obligados a vender a unos precios máximos, y a los propietarios porque "sólo tienen la decisión primaria, que es la de vender, sin determinar ni el objeto, ni el precio ni el sujeto, que son las bases fundamentales de cualquier relación contractual para la transmisión del derecho de dominio".
Además, Mariño se quejó de la "falta de concreción" de la normativa en las limitaciones de acceso a la vivienda sobre la renta. "Ellos dicen que la accesibilidad es importante tenerla en cuenta y limitan al 30 por ciento de la renta disponible", señaló, al tiempo que denunció que el Estado esté intentado con esta medida "unificar" toda la política de vivienda sin atender a las diferencias y a las competencias ya transferidas de las comunidades.
Respecto a la rehabilitación, la Comunidad también presentó sus objeciones a Corredor porque considera que el Estado no da las suficientes ayudas y "se debería haber hecho un esfuerzo mayor". En este sentido, también aseveró que el Plan "cercena la competencia exclusiva autonómica de la declaración de Áreas de Renovación Urbana y Áreas para la Erradicación de la Infravivienda".
ALEGACIONES DE LA COMUNIDAD
Por todo ello, la Comunidad de Madrid presentó la semana pasada un total de 15 alegaciones al anteproyecto del Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 por considerar que es "excesivamente intervencionista, multiplicando tipología y trámites". La alegaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, manifiestan que el Plan invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas, "ya que aborda ámbitos de política de vivienda". "Debería limitarse a fijar las bases y coordinar la planificación general de la actividad económica y ordenar el crédito", apuntó.
En este sentido, criticó que la obligatoriedad de los registros de demandantes por "ineficaz, intervencionista e improcedente", ya que el departamento de Mariño cree que "interfiere en las competencias autonómicas de vivienda, ya que la Comunidad es la única que puede decidir si es conveniente establecer tales registros".
Sin embargo, las críticas de la Comunidad se centran en el régimen de protección porque la protección permanente antes comentada es "ineficaz, inoportuna, confiscatoria y desproporcionada" y supone, a su juicio, "desnaturalizar la propia esencia del derecho de la propiedad".
El Gobierno regional considera que los instrumentos eficaces para el control del fraude se basan en la colaboración institucional con Registros de la Propiedad y Notariado, Administración Tributaria o el tanteo y retracto legales, como mecanismos de control de las transacciones. "Esta medida es particularmente inapropiada para la Comunidad de Madrid, que establece en su Ley del Suelo una reserva del 50 por ciento del suelo para vivienda protegida", agregó.
La Consejería de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio destacó que en el Plan falta una memoria económica y un análisis de costes básicos de las medidas y no contiene la cuantificación de objetivos y el montante presupuestario, "ni la especificación de estas cifras para cada comunidad".
Además, denunció que el proyecto no aborda el problema al que se enfrenta actualmente el mundo de la vivienda: las restricciones de financiación bancaria. Así, el viceconsejero de Vivienda y Suelo, Juan Blasco, afirmó hoy que sería deseable un mayor apoyo a los adquirientes para que puedan subrogarse en la concesión de los prestamos convenidos y a la financiación de viviendas de nueva construcción, "condición necesaria para que las ayudas directas puedan otorgarse".
Respeto al alquiler, la Comunidad solicitó al Ministerio una mejora en la regulación de este mercado para hacerlo "más flexible, rentable y atractivo, proporcionando seguridad jurídica a los inquilinos y propietarios. No obstante, se felicitó porque el Plan Estatal de Vivienda contemple como única novedad el arrendamiento con opción a compra, "que refleja el éxito de esta fórmula que ha aplicado el Gobierno regional en la dinamización de la vivienda a precios asequibles y en el fomento del alquiler".
"Sin embargo, en esta regulación no se ha tenido en cuenta la experiencia de la Comunidad de Madrid en cuanto a los parámetros de definición de esta tipología. Por ejemplo, el alquiler con opción a compra contemplado en el Plan establece que los adjudicatarios de estas viviendas sólo podrán descontar del precio final el 30 por ciento de las rentas pagadas durante el periodo inicial del alquiler. En la Comunidad de Madrid ese descuento alcanza el 50 por ciento", explicaron fuentes regionales.
La Comunidad también criticó que el proyecto no articule fórmulas viables e instrumentos de financiación adicionales para alcanzar el objetivo de reducir el esfuerzo máximo de accesibilidad a la vivienda para que este no exceda del 33 por ciento. Además, denunció que contradice los derechos de adquisición preferente, tanteo y retracto legales, a favor de la Comunidad de Madrid.
Por último, la Consejería alega que el Plan del Gobierno central suprime la cofinanciación de las viviendas de promoción pública construidas con fondos públicos por entes territoriales y promotores públicos.
