MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El abogado del oficial jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, renunciará en las próximas horas a defender a su cliente por "discrepancias" y "motivos personales" que le impiden continuar con su representación legal, un día después de que la jueza de Instrucción número 1 de Coslada, María de las Nieves Martínez, ordenara su ingreso en prisión junto a otros diez agentes implicados en la 'Operación Bloque', informaron hoy fuentes jurídicas.
Al supuesto líder de la red corrupta policial se le imputan delitos de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho y tenencia y depósito de armas. Por el contrario que al resto de los imputados, la jueza le excluye de la imputación por asociación ilícita al considerar que está fuera del denominado 'El Bloque', como se autodenominaban una parte de los agentes locales investigados por su supuesta vinculación a la trama.
Pese a renunciar a su defensa, el letrado José Andrés Díez cree en la inocencia de su defendido y se queja de que la jueza haya basado su solicitud de prisión en la alarma social creada por el caso, iniciado a raíz de las denuncias de unas prostitutas de origen rumano en el marco de la investigación a una mafia rumana por trata de blancas.
Al conocer la decisión de la jueza, Díez manifestó ayer a los medios congregados en la puerta de acceso a los Juzgados de Coslada que su cliente estaba "destrozado" y que era "consciente" de lo que se le venía encima.
Ginés Jiménez y otros 12 agentes, entre los que se encontraba los puestos en libertad bajo fianza-- abandonaron las dependencias judiciales pasada la medianoche en furgones policiales las dependencias judiciales con dirección al módulo ocho de la prisión de Alcalá Meco.
Junto a los autos de prisión, la jueza de Coslada emitió anoche un auto en el que se inhibía a favor del titular del Juzgado número 21 de Madrid, Eduardo Cruz Torres, que instruye el caso a raíz de un investigación de la Brigada de Policía Judicial. Según los abogados, el magistrado dispone de abundantes pruebas incriminatorias contra los imputados, tales como videos, testigos protegidos, seguimientos, y la documentación incautada en los diferentes registros realizados.
