Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 09/03/2010 18:21
EL BOALO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
IU-Alternativa Ciudadana solicitó hoy la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de la alcaldesa de El Boalo, Carmen Díaz Carralón (PP), con motivo de su procesamiento por un delito de cohecho impropio por supuestamente pedir 120.000 euros para tramitar un expediente urbanístico.
Asimismo, reclamó la celebración de un Pleno Extraordinario en el que se pregunte a la alcaldesa si son ciertas las imputaciones, que califica de "muy graves".
El abogado de la regidora avanzó a Europa Press que tiene previsto solicitar por segunda ocasión el archivo de la causa. Estima que de la prueba practicada a lo largo de la instrucción "no se desprende indicio alguno que acredite la verosimilitud de los hechos objeto de la denuncia".
Por el contrario, IU-Alternativa Ciudadana sostiene que su imputación "cuestiona gravemente la totalidad de la gestión municipal y de los demás miembros del PP de la Corporación, atentando contra la honestidad de los ciudadanos del municipio y de los profesionales que tengan relación con ella".
"Son lógicas las diferencias políticas y tener puntos de vista diversos a cerca de la gestión encomendada por el electorado, lo que no se puede tolerar es que esta gestión se haga fuera del marco legal, atentando contra la honorabilidad de El Boalo, que lo coloca en la escena corrupta del panorama público convirtiéndolo desgraciadamente en un Marbella 2", denunció el partido.
Por ello, anunció que el primer paso que darán es invitar a todos los representantes de la ciudadanía a agruparse y ponerse a trabajar en unidad para mantener con actitud responsable "una línea de trabajo en el corto y en el medio plazo que permita responder eficazmente a todas las interrogantes que hoy se plantean".
BLOQUEO DE EXPEDIENTE
En un auto, el Juzgado número 3 de Colmenar Viejo imputa a la alcaldesa de El Boalo un delito de cohecho impropio por un procedimiento que se inició en 2001 con la denuncia de Antonio Gata Morales, titular entonces del 50 por ciento de la mercantil Cergasa S.L.
En la denuncia, exponía que Cergasa adquirió en contrato privado de compraventa un solar en Cerceda-Mataelpino. Desde ese momento, según Gata, la alcaldesa inició "una labor de entorpecimiento para evitar que dicha compraventa llegara a buen fin, retrasando la tramitación de las solicitudes".
El denunciante asegura que Díaz llegó a pedir a uno de los representantes de la mercantil un piso de la futura promoción, que se valoró en 120.000 euros. Finalmente, Gata le entregó en metálico esa cantidad "para que se le tramitara el expediente al que por Ley tenía derecho".