Los afectados por el cártel europeo de camiones en España tienen hasta 5 años para reclamar
MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las primeras sentencias en España sobre el cártel europeo de camiones tendrán lugar este año y los transportistas españoles afectados por este fraude dispondrán de un plazo de reclamación de hasta cinco años, que comienza a contar desde que la Comisión Europea (CE) imponga en firme una sanción contra Scania, quien decidió no participar en el proceso "amistoso" junto a las otras cinco marcas implicadas, y quede reflejada en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La directiva nacional para la reclamación de daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia recoge una responsabilidad solidaria extracontractual de los corresponsables de una infracción desconocida en el Código Civil Español, por lo que el fabricante sueco podría responder ante las posibles demandas que se registren en España.
Así lo han explicado, el exministro de Justicia y letrado del Tribunal Constitucional, Francisco Caamaño, el socio director del despacho de abogados Caamaño, Concheiro & Seoane (CCS), Miguel Caamaño, y el vicepresidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Carmelo González, en un desayuno informativo en Madrid.
En un principio, los afectados por el fraude podrán exigir sus correspondientes indemnizaciones hasta abril de este año, cumpliendo el plazo de un año desde que la CE dio a conocer los documentos determinantes para fijar el periodo de reclamación, pero los transportistas españoles que compraran un camión de DAF, Mercedes-Benz (Daimler), Iveco, Volvo-Renault, MAN y Scania entre 1997 y 2011 gozarán de un lustro para localizar y mostrar la documentación que acredite la compra del vehículo.
"Lo lógico hubiese sido interrumpir la preinscripción en el plazo de un año, pero ahora la sanción a Scania (aún no publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea) plantea que cualquier persona que comprara un camión de las distintas marcas implicadas pueda ir contra el fabricante sueco, por la solidaridad plena que recoge la directiva de daños", ha argumentado Francisco Caamaño.
En cualquier caso, el exministro de Justicia ha advertido de que ahora toca esperar para ver cómo los jueces españoles interpretan este mecanismo, así como que Scania podría reclamar al resto de fabricantes mediante una acción de resarcimiento directo.
PRIMERAS SENTENCIAS EN 2018.
El despacho Caamaño, Concheiro & Seoane ha asumido la defensa de unos 4.300 usuarios, que acumulan entorno a 30.000 camiones afectados por el sobrecoste de precios (sin contar los de la marca sueca). El socio director de CCS, Miguel Caamaño, ha asegurado que en un plazo "muy breve" presentarán las primeras demandas y que este año ya se dictaminará "alguna sentencia" España, aunque no en las principales ciudades del país debido al "saturamiento" de los juzgados.
CCS, que también da soporte a más de 2.300 empresas asociadas a la CETM con un volumen de camiones superior a las 15.000 unidades, acumulará un total de 6.000 demandas.
Miguel Caamaño ha recalcado que el "problema" de este proceso se encuentra en la cuantificación de la cantidad a percibir por parte de los afectados.
En Alemania, el sobrecoste medio de los camiones de DAF, Daimler (Mercedes), Iveco, Volvo-Renault, MAN y Scania entre 1997 y 2011 se situó entre 70.000 y 75.000 euros, lo que representa un incremento sobre su precio original provocado por el efecto cártel de alrededor del 12,5%, según el propio Caamaño. "En España podríamos estar en una horquilla similar a la alemana", ha agregado.
Los responsables del bufete han destacado también que los fabricantes se respaldarán sobre que, pese a que ha existido un sobrecoste, no todos los mercados se comportan de la misma manera. "De aquí la complejidad del caso. Cada país es diferente, cada marca es diferente y dentro de cada marca, los modelos", ha apuntado Francisco Caamaño.
Por otro lado, han asegurado que no habrá una demanda colectiva por parte de los afectados que han acudido a CCS y ha eximido de toda culpa a los concesionarios, sobre la base de la acción sancionadora impuesta por la Comisión Europea. Además, han afirmado que están en contacto con otros despachos de abogados españoles, entre los que representan al 70/75% de los afectados.
La Comisión Europea sancionó con 2.930 millones de euros a MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF por haber pactado los precios de venta de sus vehículos y por haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes, tratándose de la multa impuesta por Bruselas hasta la fecha, después de una sanción de 1.470 millones dictada en 2012 contra el pacto entre siete fabricantes de televisores para bajar los precios.
Los fabricantes, a excepción de Scania, reconocieron su implicación en el caso, que duró catorce años, por lo que el Ejecutivo comunitario aceptó reducir un 10% las multas e incluso perdonar totalmente la impuesta a MAN, empresa que confesó la existencia del pacto.
Por su parte, el fabricante sueco, al que Bruselas sancionó con 880 millones de euros, rechazó "firmemente" y apeló la multa tras asegurar que ha cooperado "plenamente" con el organismo europeo proporcionándole la información y la explicaciones solicitadas durante todo el periodo de investigación.
Según CCS, en Alemania, la red de transporte de mercancías y el ejército, con más de 10.000 camiones, también se han unido a la demanda contra el cártel.
