BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El fiscal ha pedido que se desaloje el edificio okupado por el 15M en el número 2-4 de la calle Almagro, en el distrito de Nou Barris de Barcelona, y que se dé un plazo de un mes a las familias que viven en el bloque para irse de manera voluntaria antes de que actúe la fuerza pública.
En una vistilla celebrada este viernes en el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, que lleva el caso, y en la que han comparecido las partes implicadas, el fiscal ha lamentado la situación de necesidad en que se encuentran estas familias pero ha recordado que "existen derechos de la propiedad" del edificio que ha sido desposeída sin tener culpa.
Según el fiscal, el representante legal de Cajamar, la entidad propietaria del inmueble, ha presentado la escritura que certifica que el edificio les pertenece desde el 31 de agosto mediante el procedimiento de la dación en pago.
Antes pertenecía a una inmobiliaria que no pudo hacer frente a la hipoteca que tenía contratada desde 2008 con la entidad para finalizar la obra en el bloque.
En su exposición durante la vistilla, a la que se ha permitido el acceso a la prensa, el fiscal ha explicado que, de los ocho imputados que han declarado este viernes en el juzgado por usurpación, seis han reconocido que viven en el inmueble y dos son de la asociación 500X20, que da apoyo a las familias, y que estas personas ocupan las viviendas sin ningún título de propiedad.
Los abogados de la defensa Josep Àngel Gallegos e Hibai Arbide han explicado que la deuda que tenía la promotora con Cajamar ascendía a 3,4 millones de euros, que ha sido saldada por el procedimiento de dación en pago a cambio de la hipoteca, algo que, según Gallegos, está prohibido.
En su turno de intervención durante la vistilla, Arbide, que representa a las familias, ha anunciado que se oponen al desalojo y ha solicitado que se archive el caso por la vía penal porque "no cabe otra solución".
MALA UTILIZACIÓN DE LA VÍA PENAL
Lo argumenta diciendo que "clarísimamente se da una utilización instrumental del derecho penal" en este caso, una vía que generalmente se reserva a casos graves de usurpación, solamente cuando el inmueble usurpado es la vivienda de los propietarios o pueden probar que le están dando un uso.
En este caso, no obstante, el edificio lleva en torno a cinco años vacío, y la propiedad no puede demostrar que esté haciendo uso del mismo, según explican las defensas, pese a que esta parte ha esgrimido que tenían instaladas cámaras de seguridad para vigilarlo --aunque no se han aportado pruebas de este extremo--.
Por ello, el abogado reclama que se archive la vía penal, que solo debe usarse para casos de "alteración grave de la propiedad", y se lleve el procedimiento por la vía civil, reservada a casos en que lo que se debe proteger es el bien privado.
Según las defensas, la propiedad no quiere usar la vía civil para ahorrarse los costes del abogado y procurador, y según Gallegos, se está oponiendo el derecho a lucrarse con el derecho constitucional a la vivienda.
En su argumentación, Arbide ha recordado, además, que no hay "vocación de permanencia" de las familias en el inmueble, sino que el uso que quiere darse al edificio es temporal debido a la mala situación económica de los moradores.
El juez ha escuchado este viernes por la mañana las declaraciones de los seis imputados que viven en el edificio, que han explicado al juez su situación económica y la de sus familias, y la de los dos miembros de la asociación, que se han limitado a explicar que no viven allí.
Después se ha celebrado la vistilla; tras las intervenciones de las partes, el juez ha informado de que el caso queda visto para resolución y que, en cualquier caso, las familias sabrán con "suficiente antelación" si se decide desalojarlos, y tendrán un plazo para irse voluntariamente.
