MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudiará esta semana una petición de Marruecos, que solicita la entrega temporal del condenado por el 11-M Hassan el Haski reclamado por el país alauita por su pertenencia al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (CICM), según informaron fuentes fiscales. El terrorista cumple actualmente una condena de 14 años por su participación en los atentados de Madrid, confirmada el pasado 17 de julio por el Tribunal Supremo.
Marruecos solicitó a España la extradición de El Haski --para juzgarle por terrorismo-- después de que éste fuese arrestado el 17 de diciembre de 2004 en Lanzarote a raíz de una orden de detención dictada por el Juez Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, por su presunta implicación en los atentados del 11-M.
No obstante, esta extradición no se produjo, pese a que el preso se mostró favorable a ella, ya que el terrorista tenía causas pendientes con la Justicia española y no tendrá lugar en ningún caso hasta que no termine de cumplir su pena por el 11-M en España, precisaron las mismas fuentes. Además entre España y Marruecos no existe ningún acuerdo en materia de extradiciones a diferencia de los se aplican entre los países de la Unión Europea.
Ante esto, Marruecos ha solicitado una entrega temporal (al estilo de las que se producen entre Francia y España con algunos terroristas de ETA que son detenidos y juzgados previamente en el país galo) que la Fiscalía estudiará en los próximos días y sobre la que tomará una decisión la semana próxima previsiblemente, según añadieron las fuentes consultadas.
Además, a la espera de decidir sobre su extradición, el juez del Olmo ya había dictado para El Haski prisión preventiva, situación que comparte en la actualidad con la pena impuesta por el Tribunal Supremo.
Por ello, fuentes fiscales avanzaron hoy que el Ministerio Público solicitará al Juzgado Número 6 de la Audiencia Nacional, que ahora dirige el juez Eloy Velasco, que se suspenda esa situación de prisión preventiva y se le aplique la libertad provisional en la causa relacionada a su extradición y que se le vuelva a imponer la prisión preventiva cuando termine su condena de 14 años.
En caso de que así sea, la Fiscalía pedirá a Instituciones Penitenciarias que le notifique cualquier cambio que se produzca en relación a la situación del preso. El Ministerio Fiscal pide ser informado de posibles modificaciones como permisos penitenciarios, traslados de centro o cuando esté pronto a finalizar la pena impuesta por los atentados de Madrid para, en todos estos casos, volver a pedir que se le imponga la prisión preventiva.
CONDENADO A 14 AÑOS
En concreto en su relación con el 11-M, el Tribunal Supremo condenó el pasado 17 de julio a 14 años de cárcel a El Haski después de rebajarle uno de los 15 años de prisión que le fueron impuestos inicialmente por la Audiencia Nacional, porque esta condena excedía lo máximo previsto en el Código Penal para el delito de pertenencia a organización terrorista.
El GICM al que pertenecía El Haski es un grupo terrorista marroquí de caracter salafista e integrado dentro de la red de Al Qaeda. Entre otros ataques, se atribuyen los atentados perpetrados el 16 de mayo de 2003 en Casablanca (Marruecos).
La falta de acuerdos de extradición entre España y Marruecos ya ha dado algunos problemas en el pasado como en el caso de la no entrega del presunto autor material del 11-M, Abdelilah Hriz.
La justicia marroquí detuvo a este presunto terrorista el pasado 28 de enero y se le ha abierto en una causa criminal por la que será procesado y juzgado en el país alauita. Esta detención fue consecuencia de una gestión realizada el pasado diciembre por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.
A finales del año pasado y ante la ausencia de convenio extradición entre España y Marruecos, el juez del Olmo se desplazó a Rabat, donde interpuso una denuncia oficial contra Hriz con el objetivo de convencer a sus colegas marroquíes de la necesidad de procesar a este presunto terrorista islamista por los atentados cometidos en la capital de España.
Se trató de la primera ocasión en la que usó este mecanismo legal para sortear la dificultades derivadas de la falta de convenio de extradición entre ambos países, que impide que el país magrebí entregue sus nacionales reclamados por la justicia española y viceversa.
