Santamería alega que todos los magistrados son susceptibles de ser recusados por haber realizado informes o sentencias en muchos asuntos
MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha colocado al magistrado Enrique López, actualmente en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el Tribunal Constitucional después de seis años de vetos del PSOE en contra de que éste formara parte del alto tribunal. El Consejo de Ministros de hoy aprobó su nombramiento por la cuota que le tocaba renovar al Gobierno, y también ha elegido para este puesto al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano.
Los miembros del TC se renuevan por terceras partes --es decir cuatro cada vez-- cada tres años. El primer intento del PP de nombrar a Enrique López como magistrado del Tribunal Constitucional se produjo en 2007, cuando tocaba renovar a los cuatro magistrados que le correspondía elegir al Senado.
Para ello se acordó que las CCAA propusieran candidatos para que, posteriormente, la Cámara Alta pudiera elegir. Los populares acordaron que todas sus autonomías propondrían sólo dos nombres los de Enrique López y Francisco José Hernando. Pero los socialistas se opusieron y, en el caso de López, esgrimieron que no cumplía el requisito de tener 15 años de ejercicio profesional, aunque también alegaban entre sus razones para oponerse la clara vinculación del candidato con los postulados del PP.
La falta de acuerdo entre PP y PSOE para renovar a los magistrados del TC que le tocaba al Senado provocó un retraso de tres años en la renovación de los mismos, ya que el pacto se produjo en 2010 tras la retirada de la candidatura de Enrique López por parte de los populares, aunque en ese momento, estos anunciaron que le propondrían como candidato en la renovación que debía hacer el Congreso de los candidatos del TC.
EN LAS RENOVACIONES DE CONGRESO Y SENADO NO PUDO ENTRAR LOPEZ
Y así fue, en las negociaciones entre PP y PSOE que dieron comienzo en la Cámara Baja para renovar la terna que tocaba en 2010, plantearon de nuevo a Enrique López y otra vez fue vetado por el PSOE con la misma alegación de falta de cumplimiento de los requisitos profesionales. Algo que negó el PP, afirmando que con el tiempo transcurrido, el candidato ya cumplía los 15 años de ejercicio.
Pero después de que el entonces presidente del Congreso José Bono prorrogara hasta en tres ocasiones los plazos para esta renovación finalmente ésta no se produjo. Tras las elecciones generales de finales de 2011 se retomaron los contactos para la citada renovación y fue entonces cuando los socialistas propusieron a Cándido Conde-Pumpido para formar parte del TC, algo que rechazaron los populares. Finalmente, ninguno de los dos pasó a formar parte del alto tribunal.
Sin embargo, el Gobierno ha logrado colocar a Enrique López cuando ha tocado renovar el tercio del TC que correspondía elegir al Ejecutivo. Y la vicepresidenta ha defendido este nombramiento al ser preguntada si no temen que, al igual que le ocurrió a Pérez Tremps que fue recusado por un artículo de prensa, Enrique López pueda ser recusado en casi todos los temas, por haber sido tan polémico dada su vinculación al PP y haber opinado en casi todos los temas clave.
Sáenz de Santamaría ha alegado que todos los magistrados del TC tienen una "amplia trayectoria jurídica a sus espaldas, algunos en informes y otros en sentencias y todos ellos conocen que la abstención o en su caso de la recusación vendrá obligada por la Ley cuando se trate de fundamentar sentencias o recursos en los que hayan podido participar con anterioridad".
"Léase --añadió-- en una sentencia del TS que se ha recurrido ante el TC y en cuya deliberación hayan podido participar o en cualquier otra actuación en su vida académica o profesional de diferente tipo".
RESPONDE CON LA RECUSACION DE PEREZ TREMPS POR EL ESTATUT
La vicepresidenta se refirió a la recusación de Pérez-Tremps para matizar que ésta se produjo por un informe. Santamaría no dió más datos a este respecto, pero se refería al infome realizado por este magistrado del TC para la Generalitat de Cataluña, por el que cobró 6.000 euros, y que contribuyó a sacar adelante esta Ley catalana. La vicepresidenta se limitó a señalar que "igual que en cualquier otro caso, cuando uno tiene vinculación con una de las partes, tiene que abstenerse o en su caso puede ser recusado".
Y eso, alegó, "ocurrirá con los magistrados en su amplia trayectoria profesional" para garantizar la "absoluta independencia y neutralidad respecto del objeto del proceso". En su opinión, "eso sirve para todos en los tribunales e incluso en la administración" en la que también hay esa institución de la abstención.
Además, la vicepresidenta defendió cómo se ha realizado en esta ocasión la renovación del TC, porque se ha seguido el procedimiento seguido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y además se ha realizado conjuntamente con la renovación que le tocaba proponer al Consejo General del Poder Judicial.
Sáenz de Santamaría ha eludido precisar si ha sido ella quien ha mantenido los contactos con el CGPJ para realizar la renovación del TC que le correspondía a esta institución y que ha procedido a realizar esta misma mañana con la elección de Xiol Ríos y de Martínez-Vares. Se limitó a decir que es un "elemento positivo que el Gobierno y el CGPJ, en plazo y el mismo día, hayamos procedido a nombrar a quien nos ha parecido oportuno".
LA COLABORACION INSTITUCIONAL HA FUNCIONADO CON EL CGPJ
En su opinión, "es una buena cosa renovar en plazo" y dijo que quería agradece al CGPJ "esa coordinación en cuanto a ese plazo, el mismo día de una manera ordenada y cumpliendo escrupulosamente lo que marca la Ley". "La colaboración institucional ha funcionado", apostilló, dejando claro que "de eso es de lo que se trata y es lo que busca el Gobierno y el CGPJ que es fortalecer una institución como es el TC".
Santamaría también fue preguntada si creía que en las conversaciones que se están produciendo entre el presidente Mariano Rajoy y el secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba pueden acordar la retirada de algunos de los recursos que ha presentado el PSOE en el TC contra leyes aprobadas por el Gobierno.
En este sentido, aseguró que de momento Rajoy y Rubalcaba están tratando de llegar a un acuerdo sobre asuntos europeos y desearía que también hubiera pactos en materia de pensiones o de reforma de la Administración, pero la retirada de recursos, dijo, no es una "temática" que se esté abordando. No obstante, aseguró que "si hubiera la retirada de alguno de los recursos" sería "perfecto".
UN RECTOR UNIVERSITARIO Y UN MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA
La vicepresidenta quiso destacar algunas facetas de los dos magistrados nombrados hoy por el Gobierno. De Pedro González-Trevijano, que es doctor en derecho por la Complutense y Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, destacó su faceta docente.
Este madrileño de 55 años ha desempeñado diferentes puestos docentes en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, donde fue catedrático de universidad, y en la Universidad Rey Juan Carlos, en cuya Facultad de Derecho es catedrático de universidad desde 1999. Fue presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas.
En el caso de Enrique López, destacó su trayectoria profesional y puso como ejemplo que ya era juez un año después de terminar la carrera de derecho. López, que nació en Cacabelos (León) en 1963, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y pertenece desde 1989 a la Carrera Judicial. Ha estado destinado en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Arzúa (A Coruña), Valladolid y León.
Ocupó diferentes puestos como letrado del CGPJ, del que fue vocal y portavoz. Fue profesor en las universidades de Valladolid, León y lo es de la Europea de Madrid. Desde junio de 2005 es magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
