SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La magistrada del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha imputado al extrabajador del mercado central de abastos José Antonio R.M., prejubilado merced al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, en el marco de las diligencias incoadas en torno al posible delito societario perpetrado por los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce en la gestión de esta compañía participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa. En un auto previo, Alaya había reclamado a Mercasevilla el contrato de trabajo de este empleado cuya inclusión en el ERE de 2007 fue autorizada después de que la Consejería de Empleo dictase la resolución correspondiente al procedimiento.
El propio presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado a Europa Press de que mediante un burofax, el juzgado de Instrucción número seis ha comunicado la imputación de José Antonio R.M., instando a tal efecto a que sean designados un abogado y un procurador que representen los intereses de este prejubilado incluido en el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla.
El pasado 10 de enero de 2011, Mercedes Alaya había emitido ya un auto ordenando investigar la inclusión de María del Carmen Fontela González y Antonio Garrido Santoyo en los expedientes de regulación de empleo promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, pese a que ninguno de ellos pertenecía a la plantilla de la lonja. En este mismo auto, recogido por Europa Press, la juez reclamaba a la empresa el contrato de trabajo de José Antonio R.M., cuya inclusión en el ERE de 2007 autorizó el 17 de mayo de 2007 el por entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, actualmente imputado en las diligencias incoadas a cuenta del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por Mellet y Ponce.
LA PREJUBILACIÓN DE JOSÉ ANTONIO R.M.
La decisión de Rivas en cuanto a la inclusión de este trabajador en el ERE de 2007 fue formalizada cuando diez días atrás, su departamento había dictado ya la resolución favorable correspondiente a este expediente de regulación de empleo. El comité de empresa de Mercasevilla, no obstante, había esgrimido la vida laboral de José Antonio R.M. para advertir de que los propios documentos del Ministerio de Trabajo e Inmigración remontan al 1 de julio de 1999 la primera contratación eventual de este trabajador en el mercado de abastos de Sevilla, manteniendo éste con la empresa sucesivas e intermitentes relaciones contractuales hasta el mes de noviembre de 2007. Su inclusión en el expediente de regulación de empleo de 2007 con posterioridad a la resolución del procedimiento, según había defendido Rafael Domínguez, respondió a la corrección de un "error administrativo" que había ocasionado la exclusión de este empleado del citado procedimiento.
A tal efecto, Rafael Domínguez ha insistido este jueves, en declaraciones a Europa Press, en que la prejubilación de José Antonio R.M. fue consumada "dentro de la legalidad". "Estamos tranquilos", ha asegurado antes de informar de que CCOO le ha proporcionado un abogado a este prejubilado que aún no habría sido llamado a declarar por la juez Mercedes Alaya.
EL ERE DE 2007
El expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, como se recordará, figura entre las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta del posible delito societario perpetrado en la anterior gestión de la compañía. De un lado, entre finales de 2007 y comienzos de 2008, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, firmó varios documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007.
No obstante, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial elevado a la juez Mercedes Alaya de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".
En este marco, destacan los casos de María del Carmen Fontela González y de Antonio Garrido Santoyo, cuyos nombres figuran como aspirantes a la prejubilación en varios documentos de los ERE de 2003 y 2007, respectivamente, pese a que ninguna de ellos ha formado nunca parte de la plantilla. Estos dos casos, de hecho, forman parte de las 39 prejubilaciones fraudulentas detectadas por la Consejería de Empleo tras haber inspeccionado los expedientes de regulación de empleo incentivados por la Administración autonómica a través del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), extremo derivado de un convenio entre las partes promovido por Francisco Javier Guerrero.
