MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Madrid tiene previsto dar hoy luz verde al proyecto de Ley de Autoridad del Profesor, con los votos a favor del PP y de los 3 diputados no adscritos, la abstención del PSOE y el rechazo del Grupo Parlamentario de IU, saliendo así adelante una normativa de la que se verán beneficiados en torno a unos 90.000 profesores --59.000 docentes de la pública, 29.000 de la concertada y 14.000 de la enseñanza privada--.
Después de casi nueve meses, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lanzó su anuncio "estrella" durante el último debate sobre el estado de la región, celebrado el pasado mes de septiembre, entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), la nueva ley que recoge, entre otras cosas, la presunción de veracidad de los docentes ante un conflicto en el centro escolar.
Tras varios meses de negociación en la Comisión de Educación, los populares rechazaron hoy las 8 enmiendas presentadas por el PSOE en varios bloques y recogidas en su texto alternativo a la ley, además de las 18 enmiendas de IU. No obstante, con la aprobación de los tres Grupos se acordó incluir algunas "correcciones técnicas y gramaticales" recogiendo algunos aspectos que pedía la oposición.
Uno de los puntos fuertes del texto es la condición de autoridad pública de los directores, miembros del equipo directivo y profesores, que gozarán de la "protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico", según reza la norma.
Asimismo, en el ejercicio de sus competencias disciplinarias, los hechos constatados por los directores y demás miembros de los órganos de gobierno, así como por los profesores "gozan de presunción de veracidad" cuando se formalicen por escrito en un documento que cuente con los requisitos establecidos reglamentariamente.
Los profesores contarán con asistencia jurídica así como con la cobertura de su responsabilidad civil, y podrán ser objeto de medidas disciplinarias las conductas contrarias a las normas de convivencia que sean realizadas por los alumnos dentro del recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares, así como durante la prestación de los servicios de comedor y transporte escolar, "en los términos previstos en el Decreto que establezca el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad".
SANCIONAR CONDUCTAS
Tal y como pedía el PSOE, las medidas correctoras aplicadas "deben guardar proporción con la naturaleza y gravedad de la falta cometida, deben poseer un valor añadido de carácter educativo y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro". También se podrán sancionar conductas que, aunque tengan lugar fuera del recinto escolar, estén motivadas o relacionadas con la vida escolar y afecte a algún miembro de la comunidad educativa.
Cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta, deberán comunicarse al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que se tomen las medidas cautelares oportunas. No obstante, se podrán adoptar medidas provisionales con carácter cautelar por parte del profesor "de acuerdo con el principio de proporcionalidad", unas medidas que tendrán que comunicarse a los padres y que podrán ser revocadas o modificadas por el director "en cualquier momento".
Por otro lado, los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación, siendo los padres los que asumirán la responsabilidad civil que les corresponda.
Cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a los profesores se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en privado, "según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer la corrección".
Para el PP, la ley es todo un "acierto" y está "bien pensada", pues responde a una necesidad que antes no existía en relación a una "cierta violencia" que existía por parte de algunos padres contra docentes o al acoso entre alumnos, cada vez más presente en las aulas.
El PSOE ha decidido abstenerse porque no dejan de considerar que es una "ley placebo". No obstante, han señalado en distintas ocasiones que es un proyecto "propuesto al calor de unos sucesos", en relación al altercado de Vallecas, donde un padre intentó agredir al profesor y a la directora de un centro escolar de la zona.
IU sigue considerando que la autoridad pública que quiere el PP es "descafeinada" y no plantea novedad. Además, hace hincapié en la formación académica de los docentes, desde la formación inicial, con una carrera profesional en las mismas condiciones que el resto, y desde la formación continuada.
La oposición, en definitiva considera que no se han tenido en cuenta sus peticiones, y eso que, apuntan, se han recogido muchos puntos establecidos en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en 2007 por los sindicatos y respaldada por la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
