MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) - El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha aceptado abrir un debate sobre la independencia judicial y el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la demanda de PSOE, Podemos y Ciudadanos (C's) de revocar la última reforma del Gobierno del PP que, según estos grupos, ha limitado el funcionamiento de este órgano por su marcado "presidencialismo". Catalá ha participado este jueves en el evento, organizado por Europa Press y Wolters Kluwer en el Hotel Intercontinental, 'La Justicia a debate', que ha contado entre el público con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska; junto a diputados, senadores, magistrados y otros profesionales del ámbito de la Justicia. El ministro en funciones ha defendido en su primer turno de palabra que "ya tenemos" una Justicia independiente sin "contaminación política". No obstante, ha adelantado su "plena disposición" para en esta Legislatura revisar la composición del CGPJ que preside Carlos Lesmes. Esta idea inicial ha sido confrontada por los portavoces de Justicia de PSOE, Juan Carlos Campo, la de Podemos, Victoria Rosell, y el de Ciudadanos, José Manuel Villegas. "La Justicia va mal, es lenta y cara", ha defendido Campo, exvocal del CGPJ, que ha rechazado que la llamada al consenso se base en seguir planteando "políticas incrementalistas" de más jueces. Su visión, compartida por Podemos, es que hace falta una "revolución" en la administración de Justicia para abordar, entre otros temas, que el Poder Judicial deje de ser un órgano "presidencialista" para reforzar su independencia. Los cuatro asistentes han aceptado que la percepción social es que falta independencia judicial, aunque Catalá se ha esforzado en defender el actual sistema. "Hay un camino muy peligroso en España que es la deslegitimación de las instituciones que conduce a los totalitarismo", ha dicho el ministro, que ha rechazado la visión deslizada por la diputada de Podemos -partidaria de abrir a la participación ciudadana la elección del Poder Judicial-- de que los jueces pueden dictar resoluciones presionados por el poder Ejecutivo. José Manuel Villegas ha introducido la necesidad de ampliar la necesidad de una mayor independencia aludiendo a la Fiscalía General del Estado y tras subrayar que este debate "va mucho más allá" del CGPJ porque se necesita "revisar la discrecionalidad" en la elección de los jueces. Para ello, ha recordado que la ciudadanía cuestiona los aforamientos por ser una figura a la que se acogen los políticos para ver sus causas en tribunales donde existe una responsabilidad previa en el nombramiento de jueces. El portavoz socialista ha cuestionado el debate sobre limitar los aforamientos al entender que no preocupa a los ciudadanos. "Cuando me investigue un fiscal, que el juez sea mi garantía", ha dicho Campo a modo de resumen al tiempo que abogaba por "simplificar un debate inflado". "El fiscal es uno, que todo se haga de acuerdo al fiscal y que decaiga el juego de tribunales", ha insistido. El portavoz de Ciudadanos ha reprochado a Podemos que hable de independencia cuando en su propuesta para formar Gobierno planteó que el fiscal general o otros cargos de representación judicial estuvieran comprometidos con el programa de cambio de la formación morada y del nuevo Ejecutivo. "No es lo más edificante", ha expuesto Villegas, ante lo que Rosell ha reconocido que aquello fue "una errata" ya corregida. La diputada de Podemos y juez en excedencia se ha quejado de la falta de seguridad jurídica por cuestiones como la desconexión entre juzgados y la Fiscalía. "Te puedes estar jugando los derechos y la libertad", ha planteado antes de lamentar que el ciudadano no tenga acceso a requerimientos judiciales que le afectan personalmente. Catalá se ha detenido sobre este tema, primero para insistir en la independencia de poderes, y segundo para cuestionar la "vinculación" entre la carrera judicial y la política. "Volver al día siguiente no es buena solución", ha dicho sobre las llamadas puertas giratorias. Campo, juez en excedencia, se ha sentido aludido: "El ministro parece ahora muy preocupado de que los jueces entremos en política", ha comentado para denunciar la "incoherencia" de este planteamiento.
