Zarrías dice que una ley para impedir imputados en las listas es "compleja" y en algunos casos sería una "injusticia"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, ha afirmado que una ley que impidiera que los partidos políticos presentarán candidatos imputados a las elecciones sería "compleja" desde el punto de vista jurídico y con ella se podría cometer "alguna injusticia". Zarrías ve más factible un acuerdo general entre las distintas formaciones para que se excluya de las listas a quienes estén inmersos en actuaciones judiciales que lleven aparejado "lucro personal".

En una entrevista concedida a Europa Press, Zarrías ve "difícil" que el Ministerio de Política Territorial pueda impulsar una norma que impida la presencia de políticos imputados en las listas electorales y, de hecho, ha aclarado que no hay ninguna iniciativa "en este campo". Cree, más bien, que debería ser fruto del acuerdo entre partidos.

No obstante, ha querido explicar lo que significa estar imputado. "Una persona imputada 'estrictu sensu' es una persona a la que se le dan una serie de garantías procesales, cuando en una investigación se estima que puede tener algún tipo de relación y, a partir de ahí se le dan esas garantías procesales de poder ir acompañado de letrado ante el juez correspondiente". A su juicio, es importante aclarar este punto, aunque añade que otra cosa distinta es "cuando esa imputación se mantiene y va a juicio y ese juicio tiene la sentencia correspondiente".

Dicho esto, ha agregado que los partidos deben hacer un esfuerzo por excluir de la vida pública "a todas las personas que pueden tener responsabilidades en actuaciones donde hay lucro de carácter personal". Opina que una ley que regulara este asunto sería compleja "desde el punto de vista jurídico" y "una ley que podría, en algún caso, cometer algún tipo de injusticia".

Respecto a la corrupción en los ayuntamientos, el secretario de Estado subraya que son una "ínfima minoría" los que tienen problemas con la justicia. "Con eso quiero reivindicar la labor de alcaldes y concejales de nuestro país, por su buen hacer, rigor, seriedad y dedicación a sus ciudadanos". Admite que "comportamientos singulares y minoritarios pueden enturbiar la gestión de miles de alcaldes y concejales" y por ello considera que hay que ser "drásticos" y que los que hayan podido "meter la mano" deben "abandonar las listas y la justicia exigirles responsabilidades y caer sobre ellos todo el peso de la ley".

Sobre el ex consejero de empleo del PSOE andaluz relacionado con el caso de los ERE, Antonio Fernández, Zarrías ha dicho que si, tras su declaración, se mantiene la imputación, se tomarían decisiones "de responsabilidad política". Contrastó esta actitud con la del Partido Popular, donde los imputados "no solo son apartados de responsabilidades y listas sino que las encabezan".

PARIDAD EN EL PP: "UN IMPUTADO, UN NO IMPUTADO"

Así, ha recordado que los 'populares' llevan en sus listas candidatos relacionados con "financiación ilegal de partidos, delito electoral, cohecho y prevaricación", delitos que ha calificado de "muy graves" y en los que "están imputados personas que se encuentran en esas listas paritarias que ha hecho el PP en Comunidad Valenciana". Zarrías ironizó con la paridad y ha explicado que se refiere a la de "un imputado, un no imputado". "Es una clase magistral de fariseísmo político", ha remachado.

El también secretario de Política institucional y Autonómica del PSOE, admite que el papel de las diputaciones provinciales es "controvertido" y sobre el que el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, llegó a plantear una reflexión. Zarrías apunta que deben apoyar "a las pequeñas corporaciones locales". Se encargan, argumenta, de coordinar y cooperar con los ayuntamientos pequeños que tienen dificultades para prestar servicios básicos.

Para ello, aprovecharán la nueva Ley de Gobierno Local en la que perfilarán más las competencias de las diputaciones, pero siempre teniendo en cuenta que "han jugado, juegan y deben seguir jugando un papel importante en un país en el que la mayoría de los ayuntamientos tienen menos de 20.000 habitantes y que tienen igual derecho a los de las grandes ciudades con servicios de calidad".

Tras las elecciones locales y una vez elegida la nueva Federación de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio presentará a la propia FEMP y a los grupos parlamentarios un borrador de la Ley de Gobierno Local que sustituya a la vigente, que data de 1985. Ha explicado que se trata de llegar a un acuerdo entre PSOE y PP. Ha argumentado que no lo han hecho antes porque la proximidad de las elecciones "hacía más dificultoso llegar a un acuerdo entre los dos grandes partidos".

Reivindicó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como el que más ha hecho por los ayuntamientos y ha avanzado que están trabajando en un estudio que delimite el marco de actuación de los entes locales. No se trataría de "agrupación o asociación" de consistorios, como sugirió el vicepresidente tercero y ministro de Política territorial, Manuel Chaves, sino de "mancomunar servicios para prestarlos con calidad y en cantidad" y en esa "senda" caminará la nueva Ley de Gobierno Local.

Según Zarrías, "fusionar" ayuntamientos tiene una gran complejidad "jurídica y política" que, en todo caso, ha de ser decidida por los propios consistorios "con el visto bueno de la comunidad". "La crisis hace tomar medidas para prestar servicios al menor coste", ha concluido.

DUPLICIDADES "MÍNIMAS"

Respecto al informe sobre duplicidades en las administraciones autonómicas que elabora Política Territorial, ha adelantado que son mínimas sobre todo en servicios públicos fundamentales como educación, sanidad y servicios sociales. Una vez que el informe esté acabado "se hablará con las comunidades para conseguir mayor ahorro sin menoscabo en servicios".

Por otro lado, Gaspar Zarrías considera que la actual financiación autonómica es un sistema "justo y solidario", acordado entre todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sobre las quejas de Cataluña al actual modelo, se limita a subrayar que el sistema vigente es "el mejor que ha tenido Cataluña toda su historia" y sobre todo "inyectó" a las autonomías "la friolera de un 10 por ciento más".

Respecto a los aspectos del Estatuto catalán ilegalizados por el Tribunal Constitucional, como el caso de los consejos de justicia autonómicos, ha desvelado que ya se ha producido una reunión entre la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y el vicepresidente y ministro Manuel Chaves. "Comenzaremos a trabajar en ello una vez que pasen las próximas elecciones municipales. No hay novedades", ha afirmado.