MADRID, (OTR/PRESS)
Hace una semana la Audiencia Nacional dictó sentencia en la primera de las grandes causas sobre la trama Gürtel que condenó al extesorero del PP, Luis Bárcenas, a 33 años de prisión por corrupción y al PP por beneficiarse, por ser "partícipe a título lucrativo" de su latrocinio. Un día antes, Eduardo Zaplana había ingresado en prisión tras su detención por el Caso Erial. El demoledor auto judicial que le llevó a la cárcel detalla hasta diez delitos, todos los que caben desde el blanqueo de capitales hasta su pertenencia a un grupo criminal. Ambas noticias generaron un terremoto político que llevó al PSOE a presentar la moción de censura contra el presidente del Gobierno que se debate a partir de este jueves.
No sabemos cómo acabará esta moción, pero en estos días al PP y al Gobierno se le han acumulado sucesivas mociones de censura previas. La propia detención de Zaplana, que lo fue todo en el partido; la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a más de tres décadas a aquel individuo del que Rajoy, solemnemente, dijo que nunca nadie podría probar que no fuera inocente; y la declaración de más de cinco horas de María Dolores de Cospedal ante la comisión parlamentaria que investiga la presunta financiación ilegal del partido del que es secretaria general, la misma que concedió a Bárcenas un salario en diferido en forma de simulación y bajo cuyo mandato se destruyeron discos duros con información sensible en la sede central del partido. Y, por si fuera poco, también se ha producido la reprobación de la ministra Dolors Montserrat por su gestión al frente del ministerio, que se une a las de Zoido, Catalá, Montoro y Dastis a lo largo de una legislatura que aún está en su ecuador.
Hubo un tiempo en que el PP despejó balones negando la mayor. Después, conforme las investigaciones policiales y judiciales dejaban patente lo evidente, la estrategia fue afirmar que eran casos aislados de gente que ya ni nombraban, dejando la asunción de responsabilidades a futuras sentencias. Porque había que respetar el trabajo de los jueces, decían. Pues bien, cuando la primera gran sentencia ha llegado -y quedan aún por juzgar 7 piezas del caso Gürtel, otras 15 del caso Púnica, 5 del caso Lezo, 7 piezas del caso Taula y, ahora, la Operación Erial- la secretaria general del PP se dedicó a deslegitimar una sentencia judicial por considerarla tendenciosa y el presidente Rajoy a hacer lo propio con su censor, Pedro Sánchez, diciéndole que utiliza "un atajo" y "una acción torticera2 para obtener lo que no ha conseguido en las urnas cuando sólo hace uso de un legítimo mecanismo constitucional que, por cierto, ya usó el popular Antonio Hernández Mancha en 1987 frente a un gobierno que tenía una cómoda mayoría absoluta de 184 diputados. Quizás Pedro Sánchez no gane la moción, pero en teoría podría hacerlo, algo que no le sucedía hace 30 años a Hernández Mancha.
