El Tribunal de Cuentas detecta duplicidades en los 3,6 millones otorgados en subvenciones a asociaciones de consumidores

Ramón Álvarez De Miranda
CONGRESO
Actualizado 15/03/2013 20:03:50 CET

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas, en su informe de Fiscalización del Instituto Nacional de Consumo (INC), ha detectado duplicidades en la concesión de subvenciones a las asociaciones de consumidores y usuarios durante 2010, en el que se repartió más que de 3,6 millones.

En el texto del órgano fiscalizador, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que en el desarrollo de la fiscalización se constata que, dada la organización territorial de la Administración de España, "se están concediendo subvenciones por los distintos niveles administrativos territoriales para la consecución de objetivos y realizaciones de actividades muy similares".

Además, sostiene que, debido a la especial configuración de la mayoría de estas entidades más representativas, en las que la organización nacional está conformada, a su vez, por federaciones, confederaciones y otras asociaciones de consumidores de ámbito regional, provincial o local, se favorece que se estén subvencionando programas muy similares por distintas administraciones públicas a las entidades que conforman una misma asociación a nivel nacional.

En concreto, el Instituto Nacional de Consumo (INC), adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, concedió en 2010 subvenciones a entidades por un importe global de 3.641.140 euros.

NO HAY INDEPENDENCIA ENTRE EL MINISTERIO Y LAS ASOCIACIONES

En este sentido, el Tribunal de Cuentas detecta también que, en la convocatoria de 2010, de las 10 asociaciones beneficiarias de la línea de la subvención relativa a programas de fomento destinados a financiar la estructura y el funcionamiento habitual de las mismas, en siete de ellas la subvención representaba más del 70 por ciento de los ingresos, llegando a superar hasta el 80 por ciento en dos casos.

Además, para la convocatoria de 2009 la proporción era muy similar, según subraya el órgano fiscalizador, por lo que concluye que la capacidad económica y la autonomía financiera de la mayoría de esas asociaciones de consumidores "queda en entredicho", ya que presenta una relación directamente proporcional con la percepción de la subvención anual, hasta el punto de que algunas de estas entidades no serían viables sin dicha aportación.

Por otro lado, señala que las bases reguladoras y la convocatoria fijan, dentro de los requisitos para ser beneficiario de la subvención, el de representatividad (tener un número mínimo de 10.000 socios individuales) e implantación territorial (al menos en cinco comunidades autónomas).

En este sentido, el informe pone de relieve que algunas asociaciones de ámbito estatal carecen de socios individuales propios, nutriéndose de los socios que aportan las asociaciones territoriales que conforman la federación o confederación, y así poder conseguir el número mínimo de socios y la representatividad territorial para poder concurrir a las subvenciones del INC.

Estos socios individuales, indica también, se afilian y abonan sus cuotas a las asociaciones territoriales que son las que, de hecho, efectúan las labores de defensa a los consumidores.

Debido a esta configuración, el Tribunal de Cuentas advierte de que se produce "un agravio comparativo" con las asociaciones de consumidores que, por sí mismas y a través de sus socios individuales, tienen presencia en todo el territorio nacional, contando con una estructura y medios propios y con la posibilidad de concurrir únicamente a la subvención del Instituto, ya que las asociaciones de carácter nacional no pueden, por sí mismas, ser beneficiarias de subvenciones autonómicas, al no figurar inscritas en los correspondientes registros autonómicos.

IRREGULARIDADES CONCRETAS

Más concretamente, apunta a la Federación de Usuarios de Consumidores Independientes que, tras los trabajos de fiscalización sobre la actividad de 2010, se ha observado la no acreditación de la actividad subvencionada por un importe de 11.000 euros, al mismo tiempo que alerta de que la entidad podría haber incurrido en algún tipo de infracción administrativa en materia de subvenciones. A su juicio, sería conveniente que el INC analizase estas conclusiones para imponer las sanciones pertinentes.

En cuanto a la Asociación Unión de Consumidores de España, el Tribunal de Cuentas indica que se han detectado supuestos de concurrencia, ausencia de justificantes del pago y no acreditación de la actividad subvencionada, por un importe total de 57.766 euros, aparte de que la entidad podría haber incurrido en algún tipo de sanción administrativa en materia de subvenciones con el impago de impuestos y la seguridad social, posible falsedad documental, aparte de presentación de cuentas inexactas o incompletas, entre otros puntos.

"Sería conveniente que el Instituto Nacional de Consumo analizase las conclusiones a los efectos de la imposición de las sanciones que, en su caso, procediese. Además de determinadas actuaciones realizadas por los representantes de esta entidad pudieran derivarse responsabilidades penales por falsedad documental", aconseja.

De igual forma, en el caso de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España, así como de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, además de la Asociación de Consumidores y Usuarios y de Facua, en todos estos casos se han detectado supuestos de gastos no elegibles.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda al Ministerio de Sanidad la aprobación de un Estatuto que regule el INC, donde se describan con detalle los ingresos del Instituto, defina su régimen jurídico, organización, funciones y, en particular, el régimen de sus actividades por encargo de otras entidades pertenecientes al sector público.

Asimismo, considera que debe valorar la creación de una Secretaría General u órgano similar que coordine los servicios administrativos. "Su ausencia ocasiona deficiencias de coordinación y de gestión", sostiene.

Es más, cree que los poderes públicos deberían adoptar las medidas para que las asociaciones de consumidores dispongan de autonomía financiera y puedan desarrollar sus funciones de modo efectivo, de tal suerte que la atomización de las mismas no redunde en una escasa influencia sobre los operadores de mercado. Sostiene que Sanidad debería endurecer los requisitos para considerar a estas entidades como representativas a nivel nacional.

En relación con el INC, opina también que debería definir con mayor detalle el área de actuación de los programas específicos subvencionados, aparte de definir con claridad el concepto de socio de una asociación de consumidores, aparte del establecimiento de unas bases de datos de las asociaciones.

Al mismo tiempo, quiere que realice un inventario de los elementos de inmovilizado material e inmaterial que se recogen en sus cuentas, que cumpla con los requisitos establecidos en las normas y principios contables públicos.

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