ALMERÍA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que adopte las medidas necesarias para obligar al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) a revisar de oficio de la licencia de obras del hotel que se levanta en El Algarrobico ya que considera que no ha mostrado "el más mínimo interés en cumplir" la sentencia que le obliga a tramitar el expediente que conllevaría su anulación y facilitaría el la demolición.
En un escrito, consultado por Europa Press, traslada que la respuesta dada por el ayuntamiento a los requerimientos del alto tribunal andaluz "acredita una vez más su falta de voluntad" y remarca que para incoar el expediente de revisión de oficio "se requieren horas", y, además, "tampoco se precisa celebrar ningún pleno, ni que se someta a votación alguna".
Para Greenpeace, el que el consistorio haya asegurado que cumplirá la sentencia "de la forma más inmediata posible, en las próximas fechas" es una nueva maniobra "dilatoria", por lo que interesa que continúe con los trámites de la ejecución forzosa.
"El Ayuntamiento de Carboneras reconoce que el 11 de junio de 2023 comenzó el plazo para proceder a la ejecución de la sentencia, pero ya han transcurrido siete meses y no ha mostrado el más mínimo interés, sino lo contrario, en cumplir la sentencia", argumenta.
La solicitud de Greenpeace llega después de que la administración local haya defendido ante el TSJA que está llevando a cabo "las actuaciones pertinentes" para la "ejecución" de las sentencias firmes "en relación" al paraje protegido, pese al pleno fallido se celebró en noviembre en el que no pudo salir adelante una corrección del PGOU que facilitaría declarar nula de pleno derecho la licencia de obras.
El ayuntamiento alega, asimismo, contra la demanda de ejecución forzosa que esta se formuló "sin que hubiese transcurrido" el plazo de tres meses desde que se declaró la firmeza de la sentencia y mantiene que, incluso, se solicitó "con antelación" a que fuera recibida en el TSJA por parte del Tribunal Supremo.
Cabe recordar que el alcalde carbonero informó el pasado mes de octubre al TSJA que iniciaría la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de Azata en El Algarrobico, aunque le advertía de que tenía que enmendar previamente el acuerdo de la anterior corporación que calificaba el suelo como "no urbanizable de especial protección" en la línea de lo solicitado por la Junta de Andalucía y los colectivos ecologistas.
La sala acordó días después suspender las actuaciones para la ejecución forzosa "a la espera" del resultado del pleno ordinario que se celebró el 29 noviembre, si bien a la postre este resultó fallido, ya que la corrección del PGOU no pudo salir adelante al gobernar el PP en minoría y tampoco se incluyó en el orden del día la incoación del expediente para anular la licencia de obras, condición indispensable para proceder a la demolición de la edificación.
CONTENCIOSO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
El pleno rechazó la propuesta del equipo de Gobierno de Felipe Cayuela para introducir la rectificación que exige la Junta de Andalucía en el acuerdo que desclasificó como urbanizable en el planeamiento urbanístico el suelo del Algarrobico en el mes de abril, bajo mandato del PSOE.
La enmienda, que supone el reconocimiento implícito de que el paraje es espacio protegido desde 1994, fecha de entrada en vigor de la normativa ambiental que rige en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, se desestimó con los votos desfavorables de los cinco ediles del PSOE, y la abstención de los concejales de Ciudadanos y del edil no adscrito.
La Junta le hizo un requerimiento previo al Ayuntamiento carbonero para que realizase la corrección, pero, ante la falta de respuesta y ya con nuevo alcalde, el Gobierno andaluz decidió en septiembre tomar la vía contencioso-administrativa en el propio TSJA.
Cabe recordar que el alto tribunal andaluz apercibió en varias ocasiones al ex alcalde de Carboneras, el socialista José Luis Amérigo, la última apenas un mes antes de las elecciones municipales de 2023, con imponerle multas, primero de 250 euros a la semana y luego de 700 euros cada 20 días, por su "responsabilidad" en que "aún permaneciese pendiente" el cumplimiento de la sentencia que le obligaba a desclasificar urbanísticamente el Algarrobico y declararlo como "suelo de especial protección".
La sala reprochaba a Amérigo, quien finalmente convocó un pleno para anular el sector urbanístico de El Algarrobico mediante un acuerdo que ahora tiene que ser enmendado, que hubiese "superado en exceso el plazo legal establecido para ejecutar" un fallo que es firme desde 2018 e indicaba que, ante la situación generada, la sanción resultaba ser "la única opción ya disponible para evitar el perjuicio" al derecho a la tutela judicial que conlleva la inejecución de la sentencia.
