Publicado 17/09/2015 18:13CET

Tribunal de Cuentas fija para el 26 de octubre juicio por presunta responsabilidad contable en caso 'Cheques'

ALMERÍA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha fijado para el 26 de octubre el juicio en el marco del procedimiento de reintegro por alcance que se sigue por el pago "injustificado" de cheques girados contra una cuenta corriente de la citada delegación contra al exdelegado provincial de Medio Ambiente de la Junta en Almería Clemente García y al funcionario del departamento Miguel G.L.

El señalamiento se ha producido tras la audiencia previa celebrada este jueves y a la que estaban citadas las partes personadas. Fuentes del caso han indicado a Europa Press que la letrada de la Junta andaluza ha ratificado en todos sus extremos la demanda que presentó ante la Sección de Enjuiciamiento, quedando fijada la responsabilidad contable en 220.000 euros para Miguel G.L. y en 41.000 euros más intereses para Clemente García.

A la audiencia previa no han acudido ni el funcionario ni su representación letrada aunque ya estaba declarado en rebeldía por el tribunal ya que no cumplimentó el trámite de contestación a la demanda que presentó la Junta ni presentó prueba.

El abogado de quien fue responsable de Medio Ambiente de la administración autonómica en Almería hasta julio de 2010 ha presentado sus alegaciones y ha reiterado la prueba presentada para exonerar a su cliente. En concreto, ha adjuntado facturas y copia de los cuadernillos insertados en prensa que demostrarían que la cuantía por la que se le piden responsabilidades contables se destinó efectivamente a la contratación de trabajos publicitarios.

Fue precisamente la administración autonómica la que puso en conocimiento de Tribunal de Cuentas, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, presuntas "irregularidades" que se habían detectado en una cuenta bancaria "sin fiscalizar" hasta 2013 y en la que se ingresaba el canon forestal.

Tras la audiencia previa celebrada este jueves, el procedimiento ha quedado visto para conclusiones finales y para la celebración del juicio.

El Departamento Segundo la Sección de Enjuiciamiento ha acordado, asimismo, pedir testimonio al Juzgado de Instrucción 1 de Almería de la causa penal que investiga estos mismos hechos para dirimir si existió malversación de caudales públicos entre los años 2009 y 2012. Esta aún no ha entrado en fase intermedia ya que la jueza ha oficiado para investigar el patrimonio del funcionario.

"BURLAR" EL CONTROL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

Según lo que ha trascendido de la instrucción, de la cuenta investigada, sin fiscalizar y en la que se ingresaba el canon forestal que se cobra a cazadores, madereros y particulares, se retiraron "paulatinamente" cheques por diversas cuantías. Un 85 por ciento de esta tasa revertía en los ayuntamientos mientras que el 15 por ciento iba a parar a las arcas de la administración autonómica.

La mayor parte de las disposiciones se habrían efectuado por cantidades inferiores a 3.000 euros para "burlar el control de la Agencia Tributaria" y muchas de extracciones habrían tenido lugar "el mismo día" y "a intervalos de escasos minutos" sin que, al parecer, en los cheques depositados "se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica".

La instrucción apuntaría fundamentalmente al funcionario Miguel G.L. ya que las disposiciones objeto de la causa penal también se prolongaron en el tiempo con diferentes personas al frente de la Delegación Provincial de Medio Ambiente.

La denuncia que interpuso la Junta de Andalucía, y a raíz de la que se incoaron diligencias previas por indicios de malversación de caudales públicos, recogía que con Clemente García al frente de la Delegación de Medio Ambiente se produjeron movimientos por valor de 180.000 euros.

Mientras, con su sucesora en el cargo, para quien la jueza dictó el sobreseimiento de las actuaciones en abril de 2014 al no apreciar responsabilidad en ella, los movimientos alcanzaron unos 100.000 euros al tiempo que con quien ha sido hasta hace poco responsable del departamento y promotor de la denuncia como perjudicado, José Manuel Ortiz Bono, la cuantía habría alcanzado los 40.000 euros.

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