ALMERÍA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de un total de diez años de prisión para una pareja condenada por favorecer la entrada irregular en España de mujeres de origen paraguayo que, posteriormente, ejercían la prostitución en un chalé de lujo en Mojácar (Almería). Las mujeres que allí trabajaban les entregaban de forma voluntaria el 30 por ciento de las ganancias que obtenían.
La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, desestima el recurso de casación que ambos interpusieron contra el fallo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que les condenó a penas individuales de cinco años de cárcel pero les absolvió de los cuatro delitos relativos a la prostitución por los que el fiscal pedía un total de 12 años al considerar que quedó acreditado durante la vista oral que ellas ejercían libremente esta actividad y no fueron forzadas.
Según recoge la resolución, Ramón M.J. y Carmen T.G., esta última también de nacionalidad paraguaya, mantenían una relación sentimental y acordaron, para obtener beneficio económico, montar el entramado. Así, en los primeros meses de 2007, ella contactó con una compatriota y paisana del mismo pueblo de 21 años, quien le contó que estaba interesada en venir a España a ejercer la prostitución, a lo que ya se dedicaba en su país.
Carmen T.G. le dijo que su compañero iba a viajar a Paraguay y que, una vez allí, se iba a poner en contacto con ella para ayudarla. En marzo, él quedó con la joven en su país natal y le explicó que regentaba con su compañera sentimental un local de alterne en un chalet de Mojácar, en el que trabajaban varias chicas que les entregaban una parte de las ganancias que percibían por los servicios sexuales.
La mujer se mostró interesada, por lo que Ramón M.J. le facilitó 1.000 euros para que pudiera sufragar los gastos de viaje a España, para lo cual ambos se dirigieron a Sao Paulo (Brasil) desde donde tomaron un avión rumbo a Madrid. También le proporcionó 500 dólares americanos para pasar la frontera como turista, y que ella le devolvió en cuanto salieron del aeropuerto de Barajas.
Allí, les estaba esperando Carmen T.G. junto a uno de los hijos del acusado a bordo de un turismo con el que emprendieron viaje por carretera a Mojácar. El vehículo fue interceptado por policías adscritos a la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificaciones (Ucrif) de las Comisarías de Sevilla y Almería que habían establecido un dispositivo a la entrada de la población tras la denuncia interpuesta por una de las mujeres.
En la entrada y registro del chalé de lujo, arrendado por los acusados, los agentes se encontraron con otras tres jóvenes de entre 20 y 25 años que, según el tribunal, ejercían la prostitución por su propia voluntad y quienes abonaban a los procesados un treinta por ciento de los precios que satisfacían los clientes que contrataban los servicios sexuales que realizaban las chicas tanto en el chalé como en hoteles.
