JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El concejal delegado de Economía del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Enrique Espinosa, ha confirmado que la empresa Urbanos Amarillos ha solicitado este miércoles en el Consistorio la sustitución de parte de la garantía que tiene constituida de 5.700.000 euros mediante aval por un depósito. Espinosa ha explicado que "esta solicitud, una vez tramitada y aceptada por el Ayuntamiento, serviría para que la concesionaria tenga liquidez para poder hacer frente a sus compromisos de pago con la plantilla". En este sentido, el delegado ha subrayado que "esta es una condición inexcusable para el Ayuntamiento".
El responsable de Economía ha dejado claro en un comunicado que "el preacuerdo alcanzado el pasado lunes con Urbanos Amarillos obliga a la empresa concesionaria del transporte público a garantizar el pago inmediato de la deuda que tiene contraída con los trabajadores". Para ello, ha añadido que "este preacuerdo prevé liberar de manera parcial el aval que aportó la propia empresa tras la firma del contrato el pasado 7 de mayo de 2012 para hacerse con la concesión definitiva del servicio".
Tal como anunció el Gobierno municipal el pasado lunes tras alcanzar el preacuerdo con la empresa para intentar desbloquear el conflicto de los autobuses en tanto se alcanza una solución definitiva, Espinosa hizo especial hincapié en que el preacuerdo exige a la empresa el pago de la deuda a los trabajadores, así como garantizar la calidad del servicio". En este sentido, recuerda que el mismo lunes el Gobierno dejo claro el esfuerzo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento para intentar desbloquear una huelga que no puede prolongarse más en el tiempo.
El Gobierno asumió el pasado lunes el compromiso de pagar la deuda pendiente a la empresa correspondiente al tiempo que ha prestado el servicio de manera provisional desde noviembre de 2010 hasta el 7 de mayo de 2011, etapa del anterior Gobierno socialista, con cargo al aval que aporto la propia empresa. Igualmente, en base a este principio de acuerdo el Gobierno se mantiene dispuesto a pagar el corriente de los últimos meses, descontando el pago que el nuevo Gobierno hizo a cuenta de 300.000 euros.
