La asociación ve "más adecuado" invertir el dinero de la creación de la prisión en evitar que los ciudadanos acaben en ésta
CÁDIZ, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) insistió hoy, a raíz de la apertura, el pasado jueves, del centro penitenciario Puerto III, en la "ineficacia" de las macrocárceles, a las que considera "enormes y solitarios centros de almacenamiento de personas a las que no se ofrece alternativa ni futuro".
En un comunicado remitido a Europa Press, la APDH-A criticó la afirmación del Ministerio del Interior acerca de que Puerto III pretende ser un símbolo de la política de seguridad que está desarrollando Instituciones Penitenciarias basada principalmente en la reeducación y reinserción de los penados, asegurando que "no es creíble".
En este sentido, afirmó que el centro, con 674 trabajadores y 87 policías para 1.008 celdas nominales, suponen dos trabajadores por cada tres presos y 92 millones de euros en su construcción, es decir 91.269 euros cada plaza nueva, cuando sería "más adecuado" invertir dichos gastos en "ayudar a la superación de las toxicomanías o necesidades económicas de los ciudadanos antes de que acaben en prisión".
A juicio de la ONG, es "falso e interesado" el discurso sobre la inseguridad ciudadana que genera "alarma social", ya que la tasa media de delincuencia en España es de 50 por cada 1.000 ciudadanos, 20 puntos por debajo de la media europea. Además, las prisiones son "incapaces" de eliminar esa "escasa" tasa, ya que el grado de reincidencia en las cárceles andaluzas es del 60 por ciento y, en concreto, en centros como Huelva y El Puerto Santa María (Cádiz) por encima del 80 por ciento, dos puntos más que la media nacional.
A pesar de ello, el uso de la privación de libertad se ha convertido en la pena "por excelencia" del sistema penal español, siendo el país de la Unión Europea con la mayor tasa de encarcelamiento, según la APDH-A, 148 por cada 100.000 habitantes, "muy por encima" de los 100 europeos. En Andalucía, según sus cifras, el porcentaje es de 170 reclusos por cada 100.000 habitantes, 22 puntos más que la ratio española y 70 más que la europea.
En este sentido, manifestó que la gran mayoría de presos lo son por delitos de baja peligrosidad (patrimonio 46 por ciento y drogas 28) y un cinco por ciento por delitos contra la vida o la libertad sexual. Entre el 70 y el 80 por ciento son drogodependientes.
Así las cosas, la asociación rechaza la creación de más cárceles, dado que éstas "han dejado de tener su razón de ser en la medida que no cumplen la función para las que teóricamente fueron pensadas", es decir la resocialización y reinserción del penado, tal como está recogido en la Constitución Española.
Por contra, abogó por la construcción de centros más especializados, socioeducativos, basados en el tratamiento, abiertos a la colaboración de los diversos entes sociales y ciudadanos, cerca de la familia del preso, con un seguimiento y apoyo postpenitenciario "real y efectivo, fundamentalmente orientados a apoyar las carencias y a facilitar la inserción laboral" y a dar recursos sociosanitarios para drogodependientes y enfermos.
Asimismo, la APDH-A defendió la limitación en el tiempo del periodo de estancia en prisión preventiva en espera de juicio y, sobre todo, la apertura de un debate social y político sobre la despenalización de determinados delitos mediante otras formas de Justicia como la mediación, trabajos comunitarios o servicios asistenciales.
