GRAZALEMA (CADIZ), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz) aseguró hoy que actuó "en todo momento de acuerdo con la legalidad vigente" en el desvío del río Guadalete a su paso por la localidad --unas obras sobre las que la Fiscalía ha abierto diligencias-- que "sin autorización municipal alguna" hizo una empresa inmobiliaria privada para construir una promoción de 18 viviendas y locales.
Según un comunicado remitido a Europa Press por el Ayuntamiento, la obra está paralizada por orden municipal y la empresa tiene abierto un expediente disciplinario por estos hechos, ya que "nunca pidió licencia o autorización de ningún tipo" para hacer obras en el cauce del río Guadalete.
En este sentido, precisó que en el proyecto técnico presentado por la empresa para solicitar una licencia de obras para la promoción de 18 viviendas en suelo urbano, "en ningún modo figura que dichas obras afectasen al cauce del río Guadalete", ya que en este caso, el Consistorio "no habría concedido licencia de obras alguna sin las autorizaciones medioambientales preceptivas".
Dado que en el citado proyecto técnico "no constaba en modo alguno" que la obra afectase al cauce del río, se concedió una licencia municipal de obras, "aunque con un condicionante para prevenir que los trabajos pudiesen afectar de hecho al río. Este condicionante era, en concreto, que las obras debían "prestar especial cuidado, ante la proximidad del cauce, a la caída y depósito en el mismo de escombros, materiales o piedras, que deberán ser retirados de inmediato en caso de que se produzca".
Como este condicionante "se incumplió" y, además, se ejecutaron sobre el cauce obras que conllevaron su desvío, el Ayuntamiento ordenó la paralización de las obras mediante el decreto de Alcaldía 254/2005 de 13 de octubre de 2005, "iniciativa propia" dos días antes de que estos hechos "fueran conocidos por la opinión pública", por lo que no actuó "a remolque", tal como asegura Ecologistas en Acción, de alguna denuncia.
Por último, el Ayuntamiento manifestó que, "desde el principio de los hechos", ha facilitado, tanto al Ministerio Fiscal como al Seprona y demás administraciones, "toda la documentación, información y colaboración" que ha requerido este expediente desde su origen.
A principios de semana, Ecologistas en Acción anunció que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz ha abierto diligencias informativas por las citadas obras, que denunciaron el pasado octubre ante la Consejería de Medio Ambiente y ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que paralizaron las obras y procedieron a la apertura de los correspondiente expedientes sancionadores.
Según los denunciantes, las mencionadas actuaciones "podrían incurrir en presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente", por lo que el pasado diciembre presentaron la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Cádiz, la cual, vista la documentación que obra en el expediente de licencia y la actuación del Ayuntamiento, circunscribe la autoría de los hechos "no sólo a la empresa constructora (Inmocentral RTS 2.025 SL), sino también al técnico municipal y a la alcaldesa".
