CÁDIZ, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los familiares de las personas que se encuentran en prisión preventiva a consecuencia de la "dejadez" o "el exceso de trabajo" del Juzgado de Barbate (Cádiz) se reunirán el próximo día 3 de diciembre con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para plantearle sus quejas antes de hacer lo propio ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En un comunicado, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) aludió a la "indefensión" de las familias de las personas presas afectadas, ya que, por ejemplo, en uno de los procesos "se ha levantado el secreto sumarial" pero el sumario "no ha sido trasladado a los defensores, con lo que esto implica".
Además, queda otro procedimiento bajo secreto sumarial que afecta a "gran número de chavales de entre 22 y 27 años de Conil de la Frontera, Vejer y Barbate". La prórroga del secreto de este sumario está fechada hasta el día 10 de noviembre y, a fecha de 29 de noviembre, "no se sabía nada, ni de prorroga ni de apertura del secreto, quedando las defensas en una situación más que delicada al no poder actuar por falta de información".
Asimismo, indicó que algunos de los implicados en este caso fueron puestos en libertad, por lo que los familiares se preguntan por el criterio adoptado por el juzgado para actuar de este modo y si el Ministerio Fiscal "está velando realmente por el derecho de estos chavales".
"DENEGACIÓN DE PRUEBAS A LA DEFENSA".
Por otra parte, la APDHA añadió que el juzgado "ha denegado pruebas fundamentales a la defensa" y la "total indefensión por falta de contestación en meses a los escritos planteados por diversas defensas o las solicitudes efectuadas de puesta en libertad".
En este sentido, la asociación cuestionó si se está aplicando "una pena anticipada" con el "uso abusivo de la prisión provisional, obviando el Art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos donde se dispone que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia".
Finalmente, recordó la existencia de un artículo en la Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé el derecho a una indemnización para quienes "después de haber sufrido prisión preventiva sean absueltos, siempre que se les hayan irrogado perjuicios".
