CÁDIZ 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las objeciones de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía afectan ya a centros de El Puerto de Santa María, Chiclana y Jerez de la Frontera (Cádiz), donde grupos de padres de alumnos ya han presentado escritos contra que esta materia sea obligatoria y evaluable.
Tras los grupos de padres de alumnos de los colegios Javier de Uriarte de El Puerto y El Mayorazgo de Chiclana, familiares con hijos en centros jerezanos han presentado en 70 solicitudes de objeción de conciencia a esta asignatura, según informaron a Europa Press fuentes del colectivo objetos.
Los argumentos son similares en los tres casos. Según el escrito a la dirección de El Mayorazgo, el deseo de los padres de ejercitar el derecho constitucional a la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía tiene como fin "presionar" al Gobierno para que ésta sea voluntaria, ya que ésta "lejos de ser una simple enseñanza" de la Constitución Española, la Declaración de los Derechos Humanos o del Estatuto Andaluz "existen evidencias de pudiera convertirse en un instrumento de manipulación ideológica por parte de la Administración".
A su juicio, la Administración "quiere convertirse en formador de la conciencia moral" de los niños y jóvenes "según la particular visión de la persona y de la vida del Gobierno de turno, usurpando una responsabilidad y un derecho fundamental de los padres".
Según el portavoz del colectivo chiclanero, Javier Sánchez, el profesor o el tutor "nunca puede reemplazar la responsabilidad de los padres como primeros educadores", de forma que abogan por que la asignatura no sea obligatoria, como la Religión, pues "no se puede usurpar el derecho fundamental a educar a los hijos según nuestras propias convicciones éticas", para las cuales pidió "respeto" porque los contenidos de Educación para la Ciudadanía "contradicen los valores en los que creemos que deben ser educados nuestros hijos".
Por su parte, el colectivo de padres objetores con alumnos en diferentes centros de Jerez aseguran que la materia "contradice" el artículo 27.3 de la Constitución Española, que reza que "Los poderes públicos garantizan el derecho que asisten a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
En esta línea, solicitan a las direcciones de los centros queademás de que se respete el derecho a la objeción de conciencia, se ofrezca una actividad "alternativa" y se evite "represalias" hacia los alumnos.
Esta actitud ha motivado las críticas de IU, cuyo parlamentario andaluz por Cádiz Ignacio García, quien la atribuyó a una "ofensiva orquestada" por la derecha política y sectores afines, asegurando que esta materia "defiende la tolerancia y ha surgido de un proceso democrático".