Cádiz.-Las patrulleras de la Guardia Civil, la fábrica piñonera de Vejer y el urbanismo marcan el Pleno de la Diputación

CADIZ 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el cierre de la fábrica de transformación de piñones de Vejer de la Frontera o el urbanismo en los municipios de menos de 20.000 habitantes centraron hoy el debate en el Pleno de la Diputación de Cádiz.

La propuesta de IU, tras la denuncia realizada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), instando al Ministerio de Interior o la Dirección General de la Guardia Civil que "devuelva o reemplace" las embarcaciones asignadas a la provincia que están prestando servicios en otros países trajo consigo el primer debate entre IU, PSOE y PP.

Mientras que IU se hizo eco en su exposición de motivos de los manifestado por la AUGC, señalando la reducción de patrulleras y la "precariedad" de medios y personal con la que cuenta el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), el PP recordó que en la anterior etapa de Gobierno "hubo muchas movilizaciones, encabezadas por dirigentes del PSOE, y una permanente confrontación" por esta cuestión, tras el naufragio de la patera de Rota.

Asimismo, recordó que para los socialistas "el SIVE no valía para nada, mientras que ahora han cambiado de discurso y lo quieren ampliar a toda Andalucía".

Por contra el PSOE, discrepó de los datos aportados por IU y aseguró que "no es verdad que sólo haya cinco patrulleras, ya que en la Bahía de Cádiz hay cinco asignadas y están funcionando cuatro, mientras que en la zona de Algeciras, de nueve patrulleras asignadas están patrullando siete, ya que dos lo hacen actualmente en Ceuta".

Igualmente, señaló que "no es verdad que en el SIVE haya dos operadores, ya que hay asignados en plantilla hasta cuatro o cinco personas". No obstante, indicó que durante el verano, debido al periodo vacacional, sí ha habido dos operadores, aunque "no quiere decir" que esa sea la plantilla asignada para controlar el SIVE. Asimismo, indicó que la plantilla de la Guardia Civil desde que Gobierno el PSOE se ha incrementado en 129 agentes. Con todo esto, la moción de IU fue rechazada.

URBANISMO DE MUNICIPIOS PEQUEÑOS

Por otra parte, el PP se quedó solo en su intención de que la Diputación Provincial, a través del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), realizara un informe de los desarrollos urbanísticos aprobados o en proceso de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, con el fin de que se señalen "todas aquellas propuestas que se consideren extraordinarias o sobresalientes".

El Grupo Popular apeló para defender su propuesta a las dificultades hídricas en algunos puntos de la provincia y la falta de depuración de algunos municipios de la Sierra donde se proyectan realizaciones de campo de golf y miles de viviendas. El PP aseguró que la provincia "está soportando mucha presión urbanística".

Por su parte, tanto IU como el PSOE coincidieron en que las competencias finales sobre las actuaciones urbanísticas las tiene la Junta de Andalucía y recordaron que los ayuntamientos tiene autonomía propia, por lo que defendieron que el SAM, que es un servicio de asesoramiento, no puede serlo de control.

En este mismo sentido se manifestó el presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña (PSOE), que aseguró que mientras que la institución provincial sea regida y gobernada por los socialistas "no va a ser transgresora de la autonomía local ni de las competencias de la Junta" y advirtió al PP de que "nadie está haciendo la vista gorda" y que "no conviertan a la Diputación en un monstruo competencial".

Finalmente, PA y PP se unieron para que se inste a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, a que dé explicaciones del cierre de la fábrica de transformación de piñones situada en Vejer de la Frontera, inaugurada "a bombo y platillo" por la consejera Fuensanta Coves y cerrada poco después. En la propuesta, se incluyó la petición de pedir un informe con el fin de saber "a dónde ha ido a parar el dinero público invertido", aunque finalmente fue rechazada de pleno la proposición realizada por los andalucistas.