Cádiz.- El PP pide el cese del delegado de Obras Públicas por las "irregularidades" en la Oficina del Casco Histórico

CADIZ 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, afirmó hoy que su partido pedirá responsabilidades políticas por las "presuntas irregularidades" detectadas por la Cámara de Cuentas en la gestión realizada entre 1999 y 2002 por la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, entre ellas el cese del actual delegado provincial de Obras Públicas y Transporte de las Junta en Cádiz y ex director de la citada Oficina, Pablo Lorenzo.

En rueda de prensa, Sanz calificó de "muy graves" las "imputaciones" hechas por la Cámara de Cuentas y de "inaceptables las explicaciones" del PSOE. En este sentido, manifestó además que "llama la atención que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Rafael Román, y el secretario local, Federico Pérez Peralta, no hayan salido, después de que quisieran dar muchas lecciones de ética y de moral".

El consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas, compareció ayer en el Parlamento para explicar las conclusiones del informe de fiscalización del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, haciendo hincapié en problemas de gestión detectados en la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico.

Navas indicó que la tramitación de los expedientes no se ajusta a las previsiones de la Ley y Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas, destacando entre los incumplimientos "las modificaciones de las obras con aumento de presupuesto, la no formalización de algunos contratos de obras o la devolución de la fianza definitiva con anterioridad a la finalización del plazo de garantía".

Para Sanz, "esta denuncia deja al destape al PSOE en la ciudad de Cádiz, porque para lo poco que hace la Junta en Cádiz, encima lo hace fuera de la Ley".

El presidente del PP en la provincia gaditana manifestó que la pregunta para el PSOE es "para qué querían la Oficina de Rehabilitación". Según Sanz, "al final lo que se demuestra es que el PSOE quería cometer un atropello político y jurídico quitándole competencias al Ayuntamiento (con el decretazo) para contratar a mucha gente en la oficina, algunas vinculadas al PSOE, y para, por lo que vemos, no cumplir la ley".