CADIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, aseguró hoy sobre la personación de la Administración andaluza como acusación particular por la 'Operación Karlos' que la Junta hizo lo que tenía que hacer "como perjudicados y en previsión de que supuestamente haya otras trabajadores autonómicos afectados en el ejercicio de su profesión".
En declaraciones a Europa Press, Gómez Periñán aseguró que en la Junta "siempre" actúan bajo dos premisas "fundamentales", estas son, la presunción de inocencia y "la profesionalidad de nuestros trabajadores, miles que hacen, de forma autónoma, un trabajo generalmente muy bien hecho, porque son unos extraordinarios profesionales".
En este sentido, aseveró que "estamos acostumbrados al trabajo bien hecho y confiamos en que todos lo hagan así", pero cuando hay un trabajador "que presumiblemente pudiera estar actuando de una manera ilícita, hacemos los que tenemos que hacer", en referencia a la autorización de la Consejería de Salud al gabinete jurídico provincial para personarse en la causa.
Así, recordó que el expediente informativo de carácter administrativo está paralizado hasta que el judicial está resuelto, ya que "no tiene sentido que se nos atribuya el trabajo de la Policía, no sabíamos qué ocurría y cuando lo hemos sabido nos hemos personado".
La 'Operación Karlos', que ha permitido desarticular una red para obtener certificados de incapacidad laboral mediante procedimientos ilegales, fue desarrollada por la Guardia Civil entre los pasados viernes y sábado y detuvo a diez personas como presuntos autores de delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
Entre los diez detenidos figura F.C.L., funcionario de la Unidad de Valoración e Incapacidad de este organismo en Cádiz. El titular del juzgado número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz), Juan José Parra Calderón, decretó su ingreso en prisión a última hora de la noche del sábado.
Además, están implicados en el caso una funcionaria del SAS destinada en San Fernando (Cádiz), M.D.G.R., y un profesional médico --L.C.C.--, que fueron puestos en libertad sin fianza.