CADIZ, 2 May. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal y los abogados que representan a la acusación coincidieron hoy en que hubo delito en el 'Caso Sanlúcar', que se juzga en la Audiencia Provincial de Cádiz, aunque discreparon en quién fue el inductor del éste, ya que mientras que dos letrados defendieron la tesis de que fue el entonces edil del PP, Manuel Rodríguez, el que se ofreció para que se compraran su voto, el fiscal y otros dos letrados defendieron que fue el entonces secretario de Organización del PSOE, Rafael García Raposo, el que fue a buscar al edil del PP.
El juicio por el 'Caso Sanlúcar', donde se juzga el intento de soborno a un concejal del PP en octubre de 1999 durante los días previos a una moción de censura del PP y PA presentada contra el PSOE en el Ayuntamiento sanluqueño, continuó hoy con las calificaciones definitivas y las conclusiones de los diferentes letrados.
Los letrados de las acusaciones se dirigieron al jurado popular para intentar responder dudas que habían quedado en el aire durante el juicio y para sembrar también otras denominadas dudas razonables.
Esta fue la línea seguida por Manuel Hortas, el abogado que ejerce la acusación particular presentada por García Raposo contra el edil del PP. El letrado resumió la causa manifestando que se trataba de "la palabra de uno contra la de otro" y apuntó la complejidad de un proceso en el que "todos" los testigos de los hechos están acusados.
Asimismo, el abogado mostró su convencimiento de que fue Manuel Ramírez, el edil del PP, el que se ofreció a los dirigentes socialista vendiendo su voto para la moción de censura. En este sentido, expuso que el edil del PP denunció los hechos "porque se le empujó" a hacerlo "porque se le sorprende" (supuestamente los propios dirigentes de su partido), por eso explicó que la denuncia se presentara en Cádiz en vez de en Sanlúcar o que hoy se mantenga el edil del PP donde está.
Por su parte, Gabriel Escalante, el abogado que ejerce la acusación particular por parte del PSOE, apuntó al edil del PP como autor de un delito, junto al ex dirigente socialista Rafael García Raposo y al ex alcalde de Sanlúcar, Agustín Cuevas. El letrado, que argumentó la tesis de la trama política por parte del edil del PP, manifestó que "nos da igual quien ofreció y quien pactó", ya que los tres había incurrido en un delito.
15 PREGUNTAS AL AIRE
Hasta 15 preguntas formuló el abogado de la acusación (y a su vez también de la defensa) del edil del PP, Manuel Ramírez, sobre cuestiones que bajo su punto de vista habían quedado sin responder durante el juicio por ser contradicciones o porque nadie supo darle respuesta.
Entre estas cuestiones, el abogado, Juan Pedro Cosano, preguntó por qué los ex dirigentes socialistas no se quedaron con copia del recibo que le dieron al edil del PP o de las letras de cambio si la intención, según manifestaron en su comparecencia como imputado, era recoger pruebas para denunciarlos posteriormente y demostrar quién iba a gobernar en Sanlúcar.
De igual forma, tras recordar el letrado que el ex alcalde sanluqueño manifestó que se trataba de una trama del propio edil del PP supuestamente sobornado, preguntó por qué dice hasta dos veces que no sabe nada cuando es llamado por el entonces secretario provincial del PSOE, Francisco Vázquez Cañas, para saber qué ha pasado.
Además, el abogado aseguró que durante el juicio "no se ha respondido para qué" el edil del PP iba a inducir al soborno "si tenía asegurado un salario y un puesto de concejal".
En cuanto a la acusación sobre el edil del PP del tiempo que tardar en denunciar los hechos (tres días desde que le hacen el ofrecimiento de 40 millones, una casa y una vivienda), Cosano manifestó que su cliente no denunció hasta no tener pruebas. En este sentido, tras recordar que presentó dinero en metálico, letras firmadas y un contrato en blanco firmado, indicó "la que se ha formado presentando pruebas, si no presenta ni un papel, lo fusilan".
Cosano calificó de "hecho demoledor" que su cliente denunciara el mismo día que obtuvo las pruebas y aseguró que Cuevas García Raposo, durante su comparecencia, "mintieron en todo aquello que piensan que les puede perjudicar".
LA COARTADA
Por otra parte, el abogado que ejerce la acusación particular del PP, José Loaiza, se dirigió al jurado para aclarar que si no hubiese prosperado la moción de censura puesta contra Agustín Cuevas, ya no hubiera habido otra en toda la legislatura, ya que cada concejal sólo puede firmar una moción de censura por legislatura.
Igualmente, acusó a Cuevas de "mentir" cuando manifestó que si no hubiese prosperado dicha moción, le hubieran puesto una moción de confianza. Loaiza indicó que la moción de confianza es el propio alcalde quien debe convocarla, por lo que su hubiese mantenido los cuatro años de legislatura sin convocarla y nadie lo podría haber echado de la Alcaldía.
Loaiza rebatió también la teoría de los ex dirigente del PSOE sobre la inducción al soborno preguntando por qué el edil del PP se pone en contacto con García Raposo, al que no conocía, y no lo hace directamente con el alcalde o con otro concejal, con el que supuestamente podía tener más contacto.
En cuanto a la implicación del ex alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, que en su momento manifestó que su implicación se trataba de una conspiración contra él, Loaiza apuntó que el ex alcalde tenía coartada para toda la mañana excepto para una hora, la que el edil del PP lo situaba en una reunión en el camping de Chipiona donde supuestamente le dio el contrato en blanco para que trabajara en un futuro en su Ayuntamiento, como parte del trato del supuesto soborno.
Por ello, tras indicar que si era una conspiración contra él "era muy buena" por parte del edil del PP, también señaló que Aparcero "dijo que no iba a Sanlúcar desde el año 92 ó 93 y tiene unas llamadas esos días de Cuevas porque lo invitan a unas jornadas de puertas abiertas en la piscina".
Finalmente, Loaiza manifestó que la intención de los ex dirigentes del PSOE era "que no prosperara la moción", ya que, entre otras cuestiones, no denunciaron el día antes de la moción por la mañana aunque su intención, según manifestaron, era que los ciudadanos supieran quién iba a gobernar, haciéndolo cuando ya había "saltado" la noticia en los medios de comunicación denunciada por el PP.
