CADIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La familia de M.G., el chico de 15 años que murió en enero de 2004 tras derrumbarse parte de la antigua Escuela de Aplicación y Tiro de la capital gaditana, donde también resultaron heridos dos menores, ha recurrido la decisión del juzgado de instrucción número uno de Cádiz de sobreseer el caso, según informaron a Europa Press fuentes del mismo.
El sobreseimiento del caso, el que estaban imputados el edil de Patrimonio y Hacienda del Consistorio gaditano y senador, José Blas Fernández (PP), y el secretario general de la Corporación, Antonio Ortiz, era provisional, por lo que había un plazo de tres días para recurrir, cosa que finalmente ha hecho la familia de la víctima mortal.
En los fundamentos jurídicos del auto de sobreseimiento se destaca que, tanto el informe de ingeniería y control de calidad --a cargo de la empresa Vorsevi--, como en el proyecto de ejecución y demolición de la edificación --realizado casi poco más de un mes antes del derrumbe--, informan de que el estado de los elementos estructurales no justifican el suceso y el actual estado de conservación del edificio es "aparentemente bueno", sin que se aprecie un "estado de ruina".
Tras conocer la pasada semana esta decisión del juzgado de instrucción número uno de Cádiz, el PP recordó que los informes periciales del Ayuntamiento gaditano indicaban que "no había problemas estructurales, que el derrumbe se debió a agentes externos" e incluso el Tribunal Supremo "no vio indicios de delito, llegando a reprender por ello al juzgado de Cádiz". Fernández, quien llegó a declarar en calidad de imputado como presunto autor responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave, elevó el caso al Supremo por su condición de aforado.
El 'caso del Campo de Balas' provocó la celebración de dos plenos extraordinarios, uno solicitado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rafael Román --a quien José Blas Fernández pidió la dimisión tras conocerse el sobreseimiento--, y otro para reprobarlo por su conducta.
De hecho, el PP mantiene que todo este asunto "se ha mantenido por motivos políticos y no para favorecer a la familia del fallecido", sobre la que le consta al partido que la compañía de seguros le ofreció una "acuerdo bastante favorable, pero sólo si el caso se cerraba antes de final de 2005 y ya no es así".