CADIZ, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz ha abierto diligencias informativas por las obras realizadas en el río Guadalete a su paso por Grazalema (Cádiz), según informó a Europa Press mediante una nota Ecologistas en Acción, que aseguró que en el mismo casco urbano "se procedió a desviar el cauce del río, convirtiéndolo en un canal de rocas y hormigón".
Tras esta actuación, según la versión ecologista, se comenzó la construcción de un bloque de 18 viviendas en terrenos de servidumbre del río, suelo protegido en el PGOU de Grazalema como Sistema General de Espacios Libres, de manera que estas obras "han modificado el régimen hidráulico" del río en ese tramo, "provocando un aumento de su torrente y creando un riesgo de desbordamiento".
Ecologistas en Acción denunció estos hechos el pasado octubre ante la Consejería de Medio Ambiente y ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que paralizaron las obras y procedieron a la apertura de los correspondiente expedientes sancionadores. En un primer momento, la alcaldesa de Grazalema, María José Lara (PSOE), respondió a estas denuncias "asegurando que las obras eran legales y nos acusó de desconocer los hechos".
No obstante, posteriormente "anunció que había paralizado las obras porque no habían cumplido uno de los requisitos de la licencia, en concreto el informe ambiental". Tras personarse en el expediente, el colectivo "ha comprobado con asombro" que Lara "concedió la licencia de obras por decreto el 24 de agosto" y la Oficina Técnica municipal "informó favorablemente" del proyecto, pese a que en la citada licencia "no aparece ningún condicionante medioambiental".
Además, existían "denuncias" de vecinos desde el 16 de agosto, "por lo que deducimos que comenzaron las obras antes de la licencia, y que no se inspeccionaron". Finalmente, el Ayuntamiento suspendió las obras el 13 de octubre, "dos días después de hacerse pública las denuncias ecologistas".
Así las cosas, y tras entender que las mencionadas actuaciones "podrían incurrir en presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente", los ecologistas presentaron la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Cádiz el pasado mes de diciembre, la cual, vista la documentación que obra en el expediente de licencia y la actuación del Ayuntamiento, circunscribe la autoría de los hechos "no sólo a la empresa constructora (Inmocentral RTS 2.025 SL), sino también al técnico municipal y a la alcaldesa".