CADIZ, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los imputados por el 'caso Ramel' --seis ediles de la Corporación municipal de Sanlúcar del año 2001 y una sindicalista-- negaron hoy que secuestraran al alcalde de Sanlúcar (Cádiz), Juan Rodríguez (PP), la noche de autos --madrugada del 31 de marzo de 2001--, durante el juicio que comenzó hoy en la Audiencia Provincial de Cádiz.
La primera de las decisiones que tomó el presidente de la Sala de Sección Tercera de la Audiencia gaditana sobre el 'caso Ramel' se produjo en la misma mañana de hoy, ordenando que se celebrara el juicio, ante la petición de suspensión de los letrados de la defensa.
Los siete abogados defensores pidieron la suspensión del juicio ante la imposibilidad de declarar del denunciante (el alcalde de Sanlúcar) por enfermedad, que le tiene apartado de la Alcaldía desde hace dos años. Por su parte, el abogado de la acusación particular pidió la continuidad del juicio eximiendo de la declaración al primer edil sanluqueño.
Finalmente, tras una deliberación, el tribunal decidió no dispensar al primer edil y que se celebrase el juicio, así como que un médico forense examine al alcalde sanluqueño para determinar si puede declarar en la propia Audiencia o si declara, de ser necesario, mediante videoconferencia.
Así, tras ser recogida en acta la protesta por parte de algunos letrados de la defensa, comenzaron a pasar por el estrado todos los acusados, que coincidieron en que no secuestraron la noche de autos a Juan Rodríguez ni a su equipo de Gobierno en las dependencias del Ayuntamiento.
"La salida era libre, el alcalde podía haber abandonado el Ayuntamiento", "no impedimos nunca su salida" o "quien se comunica con la Policía, habla con el comisario y está rodeado de policías no está secuestrado" fueron algunos de los argumentos manifestados por los imputados por retener al alcalde en el Consistorio la madrugada del 31 de marzo de 2001.
Además, el primer edil fue acusado de "tensar" la situación y "provocar" por parte de la entonces portavoz de IU, Julia Hidalgo, así como de que el caso era "una maniobra política", por parte del entonces portavoz del PA, Antonio Prats, que argumentó que "por eso estamos aquí sentado sólo los que éramos portavoces de la oposición".
LOS HECHOS
Todo ocurrió tras la celebración de un Pleno ordinario la tarde del 30 de marzo en el que, tras retirarse los puntos programados, se acordó tratar únicamente el conflicto laboral de los trabajadores de la empresa de limpieza Ramel.
Según coincidieron los imputados, se aprobó por unanimidad (incluido el PP) la constitución de una comisión con carácter vinculante para solucionar el problema, que hacía que los colegios estuvieran sin limpiar "sin que los niños pudieran ir a clase", además de la recogida de basura, que trajo la "aparición de ratas".
Los ediles imputados coincidieron en que a pregunta de la portavoz de IU sobre cuándo se iba a constituir dicha comisión, el alcalde respondió que "inmediatamente". Así, el alcalde, Juan Rodríguez, comunicó a los presentes, entre los que se encontraban políticos, sindicalistas y trabajadoras de la empresa de limpieza, que "la comisión no se iba a constituir hasta el lunes", encerrándose luego en la Alcaldía junto con la edil del PP Laura Seco, donde permanecieron hasta las 4.00 horas.
Según consta en la denuncia presentada, sobre las 7.30 horas, el que era por aquel entonces concejal del PA, Antonio Prats, "trató de entrar en el despacho de Alcaldía, lo que le impidió la Policía", entonces dijo que "iba a entrar por cojones, les empujó y lanzó un golpe al pecho a un policía que lo esquivó".
Por su parte, según narró hoy Prats, iba buscando unas llaves para abrir unas dependencias donde estaban las máquinas de café y agua y al intentar acceder a la secretaría de la Alcaldía fue un policía el que le empujó. El andalucista manifestó que perdió los nervios y le dijo que se iba a acordar de él, pero que después pidió disculpas al agente.
Por su parte, el ex edil de Sanluqueños Independientes José Manuel Ahumada, acusado de coger por el cuello a un agente, manifestó que se agarró al Policía porque fue empujado mientras evacuaban al alcalde y se sujetó del agente para no caer al suelo.
En cuanto a las lesiones ocasionadas al alcalde de Sanlúcar, los imputados coincidieron en apuntar que fueron provocadas por la propia "virulencia" con la que la Policía sacó al alcalde. Una operación que además calificaron de "injustificada" porque "nadie impedía" que el primer edil saliera al exterior.
Durante la celebración del juicio se encontraban en la sala el secretario provincial del PA en Cádiz, Alfonso Andrades, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, o el europarlamentario de IU, Wily Meyer, dando apoyo a los siete imputados.
