CADIZ, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Vecinos de El Almarchal, en representación de los vecinos de Almarchal y La Zarzuela en Tarifa (Cádiz) y Zahara de los Atunes, en Barbate, se quejaron hoy de la "falta de respuesta" por parte de la Delegación provincial de Innovación, Ciencia y Empresa a la "devastación de recursos alternativos" que se producirán con la construcción de nuevos parques eólicos en la zona.
Según explicaron a Europa Press fuentes de la asociación, el pasado lunes se reunieron con la delegada de Innovación de la Junta en Cádiz, Angelines Ortiz, durante hora y media con el objetivo de informar de "la extrema preocupación de la población y afectados acerca de las instalaciones eólicas previstas para la zona".
Estas, a juicio de los representantes vecinales, "sumirían al área en una devastación de recursos alternativos y a sus habitantes en un grave retroceso respecto a su desarrollo".
Asimismo, la asociación y la Plataforma para la Defensa del Medio y Desarrollo sostenible de la zona se quejaron de no haber obtenido respuesta por parte de la citada Delegación, así como de que "hasta el momento" tampoco han recibido "apoyo político" de sus representantes a nivel municipal, ya que "no se ha facilitado contestación a las alegaciones presentadas y solicitudes urgentes de información respecto a los derecho que les asisten".
Los vecinos de la zona afectados, basan sus quejas en el derecho constitucional a "elegir libremente sobre su futuro y el futuro de su hábitat".
Por ello, advirtieron de que tiene previsto "recurrir la falta de respuesta política local ante la propia presidencia de la Junta de Andalucía", ya que entienden que los derechos fundamentales de la Constitución "quedan en entredicho en este caso", como "el ineludible derecho a una información efectiva respecto a las decisiones sobre el interés general de los ciudadanos".
Los vecinos afectados manifestaron que "la sinrazón eólica ya instalada al día de hoy (y otras relativas a infraestructuras) responde a objetivos meramente políticos dependientes de acuerdos internacionales y que no contemplan la realidad de afectación a los ciudadanos, que una vez sufren las causas de informes técnicos poco sensibles y equipos de gobiernos que no atienden las zonas rurales".
La Plataforma señaló que "no se trata de buscar compensaciones económicas, ni cambiar molinos por carretera, sino evitar la hipoteca definitiva de un sector del pueblo andaluz que tiene los mismo derechos que el resto de los colectivos y ciudadanos y que hasta la fecha, lo único que se le ha ofrecido ha sido, seguir viéndose conminado al olvido".
Finalmente, indicaron que "tampoco se trata de parar el desarrollo de energías presuntamente alternativas, sino de la racionalidad de su distribución y un análisis más profundo que el realizado y que pudiera defender más intereses particulares, incluyendo los propios intereses de las empresas instaladoras y de ciertos propietarios propensos a mirar sus propios intereses por encima de los de la comunidad".
