El juicio por el hundimiento del Rúa Mar continúa este miércoles en la Audiencia de Algeciras con escuchas telefónicas

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El juicio contra los seis acusados por el hundimiento del pesquero Rúa Mar, ocurrido en enero de 2020 cuando supuestamente transportaba un alijo de drogas y dejando por el camino seis fallecidos, continuará este miércoles con las escuchas telefónicas, sonorizaciones y los dispositivos de geolocalización del pesquero, después de que haya concluido la sesión de este martes sin que haya dado tiempo a que declaren los acusados, como estaba previsto.

En la sesión celebrada en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz se han expuesto escuchas en las que Salvamento Marítimo ha confirmado que intentó avisar al armador, Pedro Samuel Maza, en varias ocasiones y éste no contestó a ninguna llamada.

Según han indicado a Europa Press fuentes judiciales, el juicio proseguirá el miércoles con las escuchas recabadas durante la investigación, por lo que se espera que, al menos, hasta el jueves no declaren los acusados.

En la sala de vistas hasta el momento se han sentado cinco de los seis acusados, ya que uno de ellos se encuentra en paradero desconocido y con una orden de búsqueda y detención, al no presentarse en la prisión en la que estaba interno tras un permiso penitenciario hace varios meses.

La primera sesión del juicio, que comenzó el pasado 22 de septiembre, sirvió para resolver sobre aquellas cuestiones previas que se habían planteado, entre las que los letrados de la defensa pedían la nulidad de las intervenciones, los dispositivos de geolocalización y a su vez también la nulidad de las sonorizaciones, lo cual no fue estimado por la Sala, estimándolas inicialmente como válidas y se verán y analizarán desde este martes.

La Fiscalía pide inicialmente para el armador del barco 114 años de prisión por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal (dos años), contra la salud pública (dos delitos a seis años cada uno), homicidio (seis delitos a 15 años cada uno), estafa (un año), contra el derecho de los trabajadores (tres años) y por blanqueo de capitales (seis años). Además, pide una multa de 3,9 millones de euros por los delitos contra la salud pública y cuatro millones por el de blanqueo de capitales.

Asimismo, pide 19 años de prisión para la pareja sentimental del armador, 13 años para dos acusados supuestamente encargados de coordinar el alijo y seis años para otros dos acusados relacionado con la droga.