MALAGA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La delegada provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Amparo Bilbao, manifestó hoy que el Gobierno Andaluz conocía el caso del niño de seis años que falleció el sábado en el incendio de su vivienda en Ronda (Málaga) desde el año 2000, aunque no recibían informes desde 2002.
Así, expuso que cuando la madre, de origen magrebí, llegó a Cádiz ya estaba embarazada y que cuando el niño tenía cuatro meses, "a través de una denuncia de una entidad religiosa de Ronda se pidió a la Junta la guarda del menor, aunque en ese momento no fue concedida".
En este sentido, Bilbao, quien asistió a un balance sobre el Plan de Apoyo a las Familias, precisó que el problema estaba en que la madre no podía cuidar al niño por motivos laborales, algo que se solucionó a través de los servicios sociales y la guardería de la localidad. "Este expediente se cerró en el año 2000, con un seguimiento como hacemos siempre con los servicios sociales comunitarios", apostilló.
En 2001, a través de un escrito de la Fiscalía, "el menor fue atendido en un centro religioso, porque parece ser que la madre no cumplía sus obligaciones", señaló la delegada, al tiempo que aseguró que a partir de ese momento, solicitaron un informe a los servicios de comunitarios, desamparándose al menor en enero de 2002, "delegando la guarda en un centro básico de acogida del Servicio de Protección de Menores".
Asimismo, indicó que en el mes de abril de ese mismo año, después de que la madre cumpliese "los requisitos que debe cumplir cualquier familiar de un menor de ir a ver al hijo al centro y de estar en contacto con el centro", se cambió la guarda al centro de Ronda, concertado con el Gobierno andaluz, "para que pudiera tener a su hijo más cerca".
Ya en el mes de octubre de 2002 los informes del centro básico y del centro rondeño avalaban el retorno del menor con su madre, "y los servicios comunitarios de Ronda propusieron la vuelta del menor con su progenitora", por lo que "se revocó el desamparo y se llevó a cabo la reunificación familiar con seguimiento explícito de los servicios sociales comunitarios y con inclusión en un programa de atención de los equipos de tratamiento familiar que tenemos concertados con los ayuntamientos para hacer un seguimiento de su actuación con los hijos", precisó.
"Desde esa fecha hasta el momento la Delegación no ha tenido ningún otro informe, ni favorable ni desfavorable", sino "al contrario", porque cuando contactaron con el Ayuntamiento les comunicaron que habían hecho el seguimiento del menor con su madre e incluso mandado a la policía en determinados momentos y siempre estaba acompañado", concluyó.
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