Martínez (PP) cree que la Junta debe reclamar a la empresa el dinero porque el Ayuntamiento ya lo ha hecho

Actualizado: viernes, 19 octubre 2012 20:19

CÁDIZ, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), entiende que la Junta de Andalucía no debe exigir al Ayuntamiento, si no a la empresa Peninsular de Contratas, los 50.000 euros que la Administración le reclama por posibles irregularidades en la contratación del personal por la adjudicataria de las obras del entorno del castillo de Santa Catalina de la capital gaditana, subvencionadas con fondos autonómicos del Plan Proteja.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Martínez ha asegurado que la Administración autonómica debería requerir esta cantidad a la empresa "porque es la que tiene la obligación de cumplir con una serie de estándares"; agregando que desde el Consistorio ya lo han hecho.

La regidora gaditana, que ha enfatizado que están "cumpliendo con la Ley en todo momento", ha señalado que "al parecer es la única obra en la que ha pasado esto".

Tras ello, Martínez ha ironizado con el "debe y el haber" en las cuentas entre el Gobierno local y regional y ha arremetido contra la Administración autonómica instándola a que pague al Consistorio gaditano "los ocho millones de euros que nos deben desde hace años, en vez de decirnos que nos van a quitar más subvenciones". Al hilo, ha añadido que cuando la Junta pague "lo que debe" estará "en posición moral de reclamarnos cualquier deuda".

Asimismo, ha reiterado que el Ayuntamiento ya ha tramitado un expediente para que la empresa "aclare esas circunstancias", al entender que es la "responsable". "Le reclamaremos a ella y si no la denunciaremos por vía judicial", ha concluido.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía ha requerido al Consistorio 50.000 euros por las "irregularidades" detectadas en la mencionada empresa, contratada por el Ayuntamiento, para una obra financiada por el Plan Proteja de la Junta en la que se dio de alta a 75 trabajadores que nunca llegaron a prestar servicios en la misma, por lo que la Seguridad Social procedió a su anulación.