CÁDIZ, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Representantes de un grupo de más de 150 colectivos mostraron hoy en Cádiz su "absoluta repulsa" ante la "injusta" concesión del I Premio a la Libertad Cortes de Cádiz al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, asegurando que en el futuro sentirán por ello "mucha vergüenza" y que "el mundo se va a enterar de este error".
En nombre de estos colectivos, el sindicalista colombiano exiliado Mario Cardona consideró que la decisión del jurado del premio puede deberse al "desconocimiento de la situación interna del país" ya que, según aseguró, el pueblo colombiano "sufre la represión más brutal desde que Uribe llegó a la Presidencia".
Cardona se refirió a Uribe como un personaje "autoritario y mediático, que ha permanecido en el poder gracias a los medios de comunicación, que son manejados y adeptos al sistema" que rige el país.
Asimismo, acusó al presidente colombiano de "comprar los votos de parlamentarios" para cambiar la Constitución, concretamente del artículo que prohibía la reelección y añadió que "hoy, los dos parlamentarios con los que completaron la votación están detenidos precisamente por este tipo de corrupción, por vender su voto".
UN HOMBRE BAJO SOSPECHA
El sindicalista exiliado explicó que hay investigaciones "desde la DEA --Drug Enforcement Administration-- hasta todas las instancias norteamericanas" por su "posible nexo con bandas de narcotraficantes desde joven". Esos documentos, dijo, están "en poder de EEUU" y los "oculta" con su "doble moral" por el hecho de que Colombia es "el único aliado de los intereses norteamericanos en América Latina".
Entre otras cuestiones, se preguntó cómo es posible que se le otorgue este premio cuando Colombia "no supera el examen periódico universal" y la ONU le hizo recientemente "67 recomendaciones por violaciones de los derechos humanos".
Entre ellas, destacó las "ejecuciones extrajudiciales" que, según dijo, "el Gobierno ha reconocido 1.122"; aludió a los "cuatro millones de desplazamientos internos forzados"; a la "violación flagrante de los derechos sociales, económicos y culturales de poblaciones como los indígenas y los campesinos" que se vieron privados de sus tierras mientras que el Gobierno colombiano "no cumple las condenas que le obligan a devolverles las tierras e indemnizarles".
Cardona aseveró que Colombia es el país "donde es más difícil ejercer la vía sindical", con "39 asesinatos de sindicalistas en 2007 y 49 en 2008", donde "los defensores de los derechos humanos son perseguidos sistemáticamente" y denunció "la presencia de niños en el conflicto armado, tanto en el ejercito como en las fuerzas irregulares".
En este punto, aseveró que, "aunque el Gobierno no lo reconozca", en Colombia existe "un conflicto social y armado" que se viene prolongando "desde hace más de 50 años" y que "se ha cobrado 70.000 víctimas de la población civil".
COLOMBIA NO SUPERA EL EXAMEN
Por otro lado, hizo referencia a la visita realizada a Colombia por una delegación de 20 parlamentarios británicos, sindicalistas estadounidenses y canadienses encabezada por el ex ministro de Defensa británico Peter Kilfoyle entre el 10 de diciembre de 2008 y el pasado 10 de abril.
Según dijo, esta delegación aseguró a su regreso que "no tiene duda de que el Gobierno de Álvaro Uribe y las Fuerzas de Seguridad son cómplices de crímenes de lesa humanidad" y que estaban "convencidos de que las actividades asesinas de las fuerzas paramilitares son aprobadas y activamente apoyados por el Gobierno". Por ello, hicieron un llamamiento para "un inmediato fin al apoyo militar y político a Colombia".
Cardona consideró que cuando Colombia sea a partir de noviembre jurisdicción de la Corte Penal Internacional y Uribe "esté respondiendo de los crímenes", los que han otorgado el premio "van a sentir mucha vergüenza" por "no revisar bien su hoja de vida y dejar un mal mensaje con este premio" que, a su juicio, supone "un espaldarazo para que se quede atornillado en el poder".
NUEVO DESEMBARCO DE LAS CARABELAS
El sindicalista colombiano exiliado aseguró que el tratado de libre comercio que la Unión Europea (UE) pretende firmar con el país latinoamericano supone "un nuevo desembarco de las caraberas porque quieren hacer de nosotros una nueva Colombia, ya no española, sino europea".
A su juicio, este convenio promovido "principalmente por España" es "igual o más nocivo" para el país que el que pretendía firmar EEUU y que al final no salió adelante "por las continuas violaciones de los derechos humanos", apuntó.
Según dijo, "todo esto tiene que ver con que las derechas del mundo se están juntando" y se están "organizando" con la intención de hacer "una nueva cumbre mundial para justificar que el neoliberalismo no es una mala política, cambiarle el nombre y seguir con este desastre".
Finalmente, Cardona aseguró que hay dos empresas españolas, concretamente Repsol y Unión Fenosa, que con sus prácticas "contribuyen sistemáticamente a la violación de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores" en Colombia, sin olvidar a los medios de comunicación colombianos que "dicen lo que Uribe quiere" y que dependen de empresas multinacionales, "muchas de ellas españolas".
