Actualizado 08/07/2015 02:32 CET

El Puerto aprueba en Pleno la ordenanza de regularización de viviendas, que beneficiará a más de 4.000 familias

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha aprobado este viernes en un Pleno extraordinario la ordenanza municipal que permite regularizar viviendas en el municipio y que dará solución a "más de 4.000 familias".

La ordenanza, según han explicado a Europa Press fuentes municipales, se ha aprobado de manera inicial con el voto a favor de PP, PA y Ciudadanos Portuenses y las abstenciones de PSOE e IU. Asimismo, destacan que el documento se basa en las normas recogidas en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y recoge el trabajo conjunto de técnicos partidos y vecinos.

Según indicaba en una nota el alcalde portuense, Alfonso Candón (PP), la aprobación de forma inicial de la ordenanza municipal de regularización de viviendas es "un paso de gigante en la solución definitiva a un problema histórico al que el equipo de gobierno (PP-PA) ha puesto rumbo cierto tras la aprobación del PGOU".

El gobierno local apunta que la "especial situación de la estructura territorial de la ciudad" ha llevado a confeccionar una Ordenanza que permita facilitar la regularización de las viviendas ilegales.

Dicha ordenanza pretende "adaptar la realidad a las normas obligatoriamente aplicables de la LOUA a fin de posibilitar la mejora de la calidad de vida de sus residentes, con aplicación de las reglas básicas de los deberes urbanísticos".

MECANISMO

La edil de Urbanismo, Leocadia Benavente, explica que hay que tener en cuenta que la regularización urbanística de los distintos diseminados contemplados en el PGOU como áreas de regularización, se hace en dos aspectos: de un lado, la normalización de los suelos urbanos no consolidados hasta su transformación en solar mediante el cumplimiento de los deberes vinculados a este tipo de suelo; y de otro lado, la regularización de las edificaciones existentes.

La ordenanza fija que el sistema de regularización sea sistemático, de compensación, por la adhesión del 51 por ciento de los propietarios del área a regularizar. Asimismo, el documento establece medios para hacer más sencilla la justificación de la solvencia económica y técnica que requiere la Ley.

Serán los propios vecinos los que tengan que iniciar y llevar a cabo el proceso --con la colaboración y apoyo técnico del Ayuntamiento--, siendo necesario el apoyo de más del 50 por ciento de la propiedad del suelo constituidos en junta de compensación.

Benavente ha destacado que la ordenanza establece la posibilidad de sustituir el diez por ciento de la cesión de suelos del aprovechamiento municipal en metálico, ya que se da la realidad de que algunas áreas de regularización están "colmatadas", lo que les impide hacer las cesiones de suelo pertinentes.

FRACCIONAMIENTO DEL PAGO

Destacan que la ordenanza recoge también el compromiso del alcalde y el equipo de gobierno de "facilitar al máximo" a estos vecinos la regularización de sus viviendas, es que el documento contempla la posibilidad de que los propietarios fraccionen las obligaciones monetarias para con el Ayuntamiento, con las garantías y condicionantes que prevea la ordenanza fiscal general.

Igualmente, siendo conscientes de que en muchas de estas áreas de regularización cuentan ya con infraestructuras, se contempla una reducción de la garantía a presentar por la Junta de Compensación del 20 al siete por ciento. En esos casos, el Ayuntamiento también recoge en la Ordenanza cuáles deben ser los mínimos básicos de dichas infraestructuras de tal forma que se procuren mantener al máximo.

En lo referente a las edificaciones existentes, se establece un plazo de dos años desde la aprobación del proyecto de reparcelación para solicitar la legalización. En el caso de que se solicite fraccionamiento del pago, la solicitud debe acompañar la de la legalización.

Asimismo, para las edificaciones que ya existen en estas áreas, la Ordenanza exige el cumplimiento de condiciones mínimas de salubridad, ornato y habitabilidad a fin de conseguir la Declaración Administrativa de Compatibilidad. De hecho, el documento recoge expresamente los elementos que hay que conservar.

El texto, que se ha sometido este viernes a su aprobación inicial, establece que la duración mínima de las Entidades Urbanísticas de Conservación sea de cuatro años.

Finalmente, indica que se va a crear una comisión de seguimiento para conseguir la buena marcha del proceso de regularización que se reunirá cuantas veces sea necesario y siempre cada tres meses. Comisión que integrarán todos los grupos políticos, la Flave, Ecologistas en Acción, Fevema y Coave.

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