SEVILLA/CÁDIZ/MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las tres plantas de Airbus en Andalucía, San Pablo y Tablada en Sevilla y CBC El Puerto de Santa María (Cádiz), concentran el 50% del ajuste laboral que el fabricante aeronáutico europeo Airbus acomete en sus cinco factorías en España.
Las tres plantas andaluzas sufrirán un recorte en el empleo de 353 trabajadores, de los cuales 135 se ubican en la factoría de El Puerto, 118 en la de Tablada y 100 en la de San Pablo, según la documentación trasladada a los sindicatos y a la que ha tenido acceso Europa Press, que señala a 704 trabajadores afectados en España por la reducción de empleo, aunque la cifra anunciada ha sido de 722. La cifra restante de ajuste son 283 empleos en Getafe y 68 en Barajas, ambas plantas en la Comunidad de Madrid.
Airbus ha elevado a 2.664 los despidos que prevé acometer en su división de Defensa y Espacio, 302 más de los planteados inicialmente, 722 serán en España, 92 personas más, según ha trasladado la dirección de la compañía al comité interempresas en una reunión.
Según la documentación recibida por Europa Press, el desglose de los sectores de actividad afectados por el ajuste de empleo es: los 135 empleados de la factoría de El Puerto de Santa María son de Operaciones; los 100 empleados de San Pablo son 86 de Operaciones, 13 de la división de aviación militar y uno en transformación digital; mientras que los 118 trabajadores de Tablada son 112 de Operaciones, 2 de aviación militar, 2 de Finanzas, 1 de Ingeniería y 1 de Recursos Humanos.
El delegado de UGT en el comité de empresa de Airbus Tablada y secretario estatal del sector aeronáutico en la Federación de Industrias de UGT-FICA, Juan Antonio Vázquez, en unas declaraciones a Europa Press, ha expresado que "rechazamos el pan de ajuste presentado por Airbus al comité de empresa europeo", que ha descrito como "una controversia en un sector como la Defensa, donde no ha habido desgaste en la carga de trabajo o de pedidos, y que la empresa aprovecha para imponer un ajuste de plantilla".
"La apuesta que hacemos desde UGT es por las ayudas al sector aeroespacial, condicionadas por el Gobierno al mantenimiento del empleo y a la presentación y negociación de un plan industrial para el impulso de las plantas españolas y de todo el sector aeroespacial en nuestro país", ha afirmado el responsable de UGT FICA.
FACTORÍA DE EL PUERTO
Según ha explicado a Europa Press el presidente del comité de empresa del Centro Bahía de Cádiz por CCOO, Pedro Miguel Sánchez, en marzo se dieron unos primeros datos y debido a la crisis sanitaria todo "se quedó en stand by".
"La crisis lo que ha hecho es incrementar el número de excedentes", ha señalado, apuntando que en el caso del CBC, "de 44 excedentes que había en un principio, en estos momentos se habla de 135".
El CBC cuenta actualmente con una plantilla de alrededor de 500 trabajadores y, aunque depende de la división de Defensa y Espacio, "también tiene mucha dependencia de Comercial".
"El 83% de nuestra carga de capacidad depende directamente de dos programas, el Boeing 737 Max y el Airbus 320 Neox", ha concretado el presidente del comité del CBC, que ha señalado que "con la crisis sanitaria hay cancelaciones de pedidos, los aviones están en tierra y mientras que no se abra el espacio aéreo el sector continuará en crisis".
Pedro Miguel Sánchez ha aclarado que "ahora se abre un periodo de negociaciones" y que la intención de la empresa es "llevar a cabo este tipo de medidas durante este año y el siguiente".
"La demanda que hacemos, ahora más que nunca, es que el Gobierno del Estado tenga más protagonismo dentro del grupo", ha reclamado el representante de los trabajadores, exponiendo que con el paso del tiempo "se ha ido perdiendo peso en el accionariado" y que "habrá que presionar al Estado para que de nuevo tenga mayor participación y eso se vea luego en retorno de carga".
Según ha informado Sánchez, "tanto el Gobierno francés como el alemán han reforzado su presencia". "Ahora le toca dar ese paso al Gobierno español", ha insistido el presidente del comité del centro portuense, aunque ha reconocido que "ya está habiendo negociaciones y las intenciones parece que van en esa línea".
Pedro Miguel Sánchez ha resaltado que "ahora mismo todo va a depender de cómo evolucione la pandemia y cuándo se abra el espacio aéreo". "Ahora lo que interesa es pasar este tránsito de la mejor manera posible, que los centros continúen abiertos y las plantillas se vean lo menos afectadas posible", ha concluido.
PLANES DE FEBRERO
En febrero, Airbus comunicó su intención abordar un plan de reestructuración que incluía un recorte de 2.362 empleos en Defensa y Espacio, de los que 630 correspondían a España ante los problemas financieros que "arrastraba" esta división en los últimos años y la falta de pedidos.
La crisis del coronavirus ha agravado la situación. Según ha argumentado el fabricante, muchas de las zonas en las que se realizan trabajos relacionados con la parte comercial, o con otras empresas como Boeing, están siendo muy castigadas por la crisis.
Además, la empresa ha informado de que se prevén bajadas o restricciones en los presupuestos que destinan los países al mercado de defensa, aunque hay gobiernos que están ayudando con adelantos de pagos comprometidos.
Airbus ha trasladado que se han perdido cerca de 600.000 horas productivas, al tiempo que se prevén "dificultades económicas a nivel global en el año 2020 para los principales países con recuperación a partir del 2021.
"La dirección da por iniciado el periodo de negociación y consulta, que se espera que termine entre septiembre y octubre", según ha avanzado el comité en un comunicado.
Los sindicatos han criticado que en España se están produciendo renovaciones de contratos temporales en zonas donde no hay carga de trabajo, al tiempo que "se están cubriendo vacantes con movilidades internas sin acudir a procesos externos y la aplicación del contrato de relevo".
Los sindicatos rechazan "con total rotundidad" los números planteados y no comparten que la negociación se esté levando a cabo de la misma forma en todos los países. En España, los sindicatos creen que el convenio permite realizar medidas y acciones "sin que el empleo se vea afectado".
