Acusados por captaciones ilegales en Doñana defienden el uso del agua y señalan "errores administrativos"

HUELVA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos de los 15 acusados por las captaciones supuestamente ilegales de agua entre los años 2009 y 2012 en explotaciones sitas en la finca Matalagrana, en el entorno del parque nacional de Doñana (Huelva), han defendido el uso legal del agua de los sondeos de las fincas que trabajaban, señalando que el convenio con el Ayuntamiento de Almonte recogía el uso y explotación de las fincas y que estaba autorizada la extracción del agua de los sondeos realizados en los años 70,  así como han subrayado que el problema deriva de "errores administrativos".

Así lo han indicado en el primer día de juicio en el que tan solo han declarado dos de los agricultores acusados, mientras que el resto (once) se ha acogido a su derecho a no declarar. De este modo, ambos han señalado que el propietario de la finca Matalagrana era la Junta de Andalucía y que, al no poder ceder directamente la explotación para el proyecto de agricultura ecológica, lo hacía a través del Ayuntamiento almonteño, al que los concesionados pagaban un canon por hectárea de riego.

De este modo, el secretario de la Asociación Matalagrana, uno de los acusados que ha declarado este martes, ha apuntado que fue en 2007 cuando comenzó a tener conocimiento de una "posible irregularidad" en el uso del agua, al recibir un expediente sancionador en el que, "según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no estaba autorizada la extracción" pero que "no hablaba de una posible ilegalidad de los sondeos", expediente que recurrió, al tiempo que hasta 2014 no descubrió que se había producido "un error administrativo" por parte del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA).

En este punto, ha señalado que en el año 1996 el que era presidente del IARA solicitó el levantamiento de la supresión de varios sondeos, que cambió poco después porque consideraba que no se les estaba dando uso agrícola, "algo en lo que estaba equivocado", apuntando que en 2007 estos sondeos no estaban inscritos, pero que durante todo ese tiempo y hasta que la CGH otorgó en 2020 la autorización del uso del agua en Matalagrana durante 20 años "nadie impuso como medida cautelar el cierre de pozos o cese de actividad", por lo que siguieron extrayendo.

Asimismo, el secretario de la Asociación Matalagrana ha señalado que fue en el año 2014 cuando tuvieron conocimiento de la desestimación de los sondeos, al recibir la querella de la Fiscalía, y que anteriormente la Junta de Andalucía "decía que no había ningún problema" en que "siguieran trabajando", a la par que ha añadido que la administración andaluza "conocía" que se estaban usando los pozos "porque se hacía una memoria todos los años". "Para las administraciones era público y notorio el uso de los sondeos", ha agregado.

Con respecto a las posibles limitaciones de extracción del agua, el acusado ha señalado que su explotación tenía contadores y que, al ser de uso para agricultura ecológica no necesitaba "más agua" que la autorizada para el riego.

En la misma línea se ha pronunciado el segundo agricultor acusado que ha declarado esta jornada, quien ha señalado que el primer convenio de Matalagrana se firmó en el año 1996 y que entendían que el uso de agua era privado, así como que en el convenio con el Ayuntamiento de Almonte había un anexo que indicaba que contaban con "apoyo mínimo de riego" y que le "constaba" que a la CHG "se le comunicó" que los sondeos sin suspensión iban a ser usados para el riego de Matalagrana.

En este punto, ha afirmado que contaban con el certificado de Minas, y que sus abogados les informaron que con ello podrían extraer "porque eran aguas privadas", al tiempo que ha añadido que en 2006 recibió una sanción "leve" pero "sin orden de cerrar pozos".

Así, el acusado ha subrayado que han sido "víctimas del sistema", alegando que se produjeron "una serie de errores administrativos" que derivaron en la situación actual, a la par que ha hecho hincapié en que las administraciones "hacían un seguimiento" en las fincas.

Finalmente, el acusado ha subrayado que "no comprende" que si se estaba cometiendo algún tipo de ilegalidad, "se llevara a cabo una ampliación del convenio de Matalagrana en el año 2007", apuntando que desde el Ayuntamiento de Almonte se remitieron escritos a la CHG y a la Junta de Andalucía "señalando los errores cometidos" con respecto a los sondeos.

Igualmente, en su declaración, este acusado ha reiterado que en "ninguna" comisión de seguimiento se indicó que "tuviera que dejar de regar", destacando que en otro terreno de su propiedad riega con agua privada, por la que no paga, y que "nadie" le ha planteado "que sea una ilegalidad".

El agricultor ha afirmado que "nunca" han sobrepasado el límite impuesto de 4.500 hectómetros cúbicos de riego por hectárea, porque tenía "más agua de la que necesitaba" para sus cultivos, a la par que ha reiterado que contaban con sistemas de goteros y contadores para controlar el riego.

LA DEFENSA PIDE PRESCRIPCIÓN DE DELITOS

Por otra parte, durante la exposición de las cuestiones previas, los letrados de la defensa han solicitado la prescripción de los delitos de sus representados, a lo que la Fiscalía ha contestado que considera que se ha dado un "delito permanente y continuado", por lo que, "no hay ninguna conducta legalmente prescrita".

Este miércoles, segundo día de juicio, declararán en calidad de acusados los excaldes de Almonte, Francisco Bella (en ese entonces del PSOE), y el popular José Antonio Domínguez, que responden en concepto de "cooperadores necesarios".

Precisamente, a preguntas de los periodistas antes del inicio del juicio, Domínguez ha señalado que la competencia en materia de agua y conservación del medio natural no son municipales sino de la Junta de Andalucía, y en concreto, de la consejería del ramo. En la misma línea se ha manifestado Alberto Mondaca, letrado del exalcalde almonteño Francisco Bella, que ha señalado que el primer edil hizo de "intermediario", de manera que "jamás en la vida puede ser condenado".

"Por qué la Fiscalía no ha sentado a los presidentes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) que fueron los que cedieron las tierras en convenio y los sondeos", ha preguntado Mondaca.

Domínguez ha calificado de "grave error" la postura de la Fiscalía y ha mostrado su confianza en la actuación del Ayuntamiento de Almonte la cual fue "transparente". Se trata, como ha proseguido, de fincas del Estado que se cedieron "de manera transparente" a los agricultores puesto que "dicha finca formaba parte del Plan de Desarrollo Sostenible" de la zona, es decir, era "la acción inicial que promueve lo que hoy se conoce como agricultura ecológica".

Asimismo, ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene también su competencia en materia de agua pero los alcaldes "tenemos poco o nada que decir" en esta causa.